Al final de una semana agitada por el conflicto con las fuerzas de seguridad en todo el país, Hugo Cañón, Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, habló con Diario Judicial las reformas en la Policía a 30 años de democracia. Cañón también se refirió al rol que debe ejercer la Policía Judicial en las investigaciones penales y de la realidad de las cárceles en la provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es su opinión respecto de la crisis en las fuerzas policiales?
Es un tema que estalla ahora, pero no es un tema nuevo, venimos hablando de esto desde hace mucho tiempo, incluso recuerdo que cuando hicimos el informe de la comisión por la memoria en el año 2011, y lo presentamos en 2012, tuvimos una entrevista con el Gobernador Scioli, y ahí el describía, a propósito del caso “Candela” y de las complicidades policiales, judiciales e inclusive fiscales en ese caso, significa para el Estado de Derecho la pérdida del dominio del territorio. Cuando hay bandas criminales que atraviesan la problemática del delito en el territorio, es grave; Pero mucho más grave es cuando el Estado está involucrado en ese accionar mafioso, de delitos complejos. En este caso puntual, tanto policías, como fiscales y jueces, estaban involucrados en el tema de la muerte de Candela. A este tema de la Provincia de Buenos Aires, que no solamente se circunscribe a Candela, sino a otros casos orgánicamente desplegados desde largos períodos, se suman recientemente los casos de Santa Fe y de Córdoba, que demuestran esas dificultades y complicidades de las policías con las mafias, con la ocupación territorial. Cuando yo ingresé a la justicia, hace 40 años, las recaudaciones ilegales policiales de la Policía de Buenos Aires, se circunscribían a dos ítems básicamente, que eran la quiniela y la prostitución, acotada a burdeles que era regentados por algunos proxenetas y que pagaban a la policía para tener habilitados los lugares, pero sobre todo a partir de la década del ’90 comenzó a darse un despliegue delictivo, de delitos complejos desde narcotráfico, piratas del asfalto, desarmaderos de autos, en el cual la policía estaba involucrada; y de esta manera, el dominio territorial estaba de alguna manera sostenido de cierta gobernabilidad que al poder político le convenía, pero poniendo en riesgo cada vez más el funcionamiento del Estado, en tanto la policía funciona autonómicamente. En los últimos tiempos, en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, salió a la luz este entramado de “policías-delincuentes” vinculados con delitos complejos. Esta autonomía de las policías llevan a plantarse ante el poder político con estas “rebeliones” o sublevaciones de los últimos tiempos, bajo la “excusa” de demandas laborales, y digo excusa, porque atrás de la demanda de aumento salarial, se esconde también la exigencia de impunidad frente a las investigaciones que se realizan, por ejemplo, en relación al gatillo fácil, narcotráfico, en las investigaciones que se llevan adelante en la justicia federal de Córdoba o en la de Santa Fe. Entonces tienen que ver más con un funcionamiento autónomo de las policías, que llevan a cometer un delito específico, el del artículo 229 del Código Penal, el delito de sedición, que no es solamente destituir a un gobierno, sino también de realizar medidas de fuerza, o presiones, como ocurrió en este caso, para arrancar medidas de gobierno, como también en este caso lo han arrancado, con aumentos salariales desmedidos, desproporcionados, del 50 % o más. Entonces estamos ante un problema que adquirió visibilidad y ha encolumnado a los sectores políticos, y ojalá que esto no pase como algo circunstancial, sino que se adopten a partir de aquí, políticas que modifiquen esta realidad institucional, que es una asignatura pendiente de la democracia.
En el Comunicados difundido por la Comisión Provincial por la Memoria, acerca de que en las fuerzas policiales, hay "un vestigio del Estado autoritario", pese a que transcurrieron 30 años de democracia ininterrumpidos...
Claro, esto lo vengo repitiendo desde hace muchos años. El gobierno actual, sobre todo con la conducción de Nilda Garré hizo un cambio sustancial en las fuerzas armadas. Se cambiaron las hipótesis de conflicto, que antes eran con países vecinos, y ahora se plantea la defensa de los países de Latinoamérica, y particularmente los países del cono sur; se cambió el Código de Justicia Militar, se abolió la pena de muerte, se sometió a los militares a la justicia civil, se cambiaron los planes de estudio, pero estas modificaciones no se han realizado de ninguna manera, en 30 años, en las policías y servicios penitenciarios. Podíamos decir, que a comienzos de la democracia, en el gobierno de (Raúl) Alfonsín, eran vestigios de la dictadura, pero ya han transcurrido 30 años, y la falta de cambios se repite en todas las Provincias argentinas, y también en el orden federal, esto también es una de las asignaturas pendientes de la democracia. Hay que destacar también que hoy en día los golpes de Estado no se realizan por medio de las Fuerzas Armadas, como era antiguamente desde la doctrina de la seguridad nacional, con una bajada de línea de Estados Unidos en ese sentido, en la actualidad está la doctrina de la seguridad ciudadana, que articula Estados Unidos con las policías a nivel local, y dónde todo se consulta, hasta hacer allanamientos por drogas, con la DEA (N.de R. Agencia Antidrogas de Estados Unidos). Frente a esa realidad, es muy peligroso para un sistema institucional que haya esta autonomía de las fuerzas policiales, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está compuesta por 60 mil hombres y ese número es superior a todas las Fuerzas Armadas argentinas, de manera que es una fuerza muy potente que puede generar una desestabilización del sistema democrático. Hemos visto en Latinoamérica casos como el de Ecuador, dónde intentaron derrocar al Presidente (Rafael) Correa, o en Bolivia, dónde hubo una demanda de aumento salarial, que aunque Evo Morales pudo manejarla bien, apuntaba en última instancia a su salida, situaciones que nos plantean un alerta muy fuerte, porque hoy en día, reitero, los golpes de Estado se dan con las policías o mediante mecanismos que simulan resortes constitucionales como fue el derrocamiento de (Fernando Lugo), o el derrocamiento del Presidente (Manuel) Zelaya en Honduras. Además, se va estableciendo esta “sensación de inseguridad”, desde hace mucho tiempo, a través de los medios de comunicación, que va socavando poco a poco la credibilidad de los gobiernos, en una última instancia para responder a los intereses corporativos que han manejado los hilos del poder tradicionalmente en Argentina y en todos los países Latinoamericanos. La resistencia a la Ley de Medios fue uno de los caminos que se buscó para mantener ese espíritu corporativo, y hoy en día está la “mano invisible” apuntando a las policías para poder hacer demandas, y también generar inestabilidad, inseguridad, esta sensación de que la gente no puede vivir más, de que algún cambio hay que hacer, y que el responsable es el gobierno, y de alguna manera crea condiciones destituyentes.
Dentro de esta “sensación de inseguridad”, de la que se está hablando en este último tiempo, siempre aparecen detrás políticas o ideologías, de lo que en doctrina se denomina “demagogia punitiva. ¿Por qué hay este apuntalamiento a políticas más represivas ante el aumento del delito, si se sabe que nunca funcionaron?
Existen dos posiciones básicas frente al manejo de las fuerzas que controlan la conflictividad social. Una es la visión del conflicto como “amigo-enemigo” y hay que desplegar una guerra, siempre se configuró a un “otro” como enemigo, lejanamente en la edad media fueron las brujas, en una época los comunistas, en la década del ’70 en Latinoamérica fue el subversivo, y a partir del atentado a las torres gemelas pasó a ser el musulmán el sospechoso de todos los delitos del mundo. En el caso de Argentina, la configuración del otro como peligroso es el joven, villero morocho, desplazado, excluido y expulsado del sistema de producción. “Hoy en día sobra mano de obra, y cuantos más se mueran mejor”, esa es un poco la idea básica de la cuestión, entonces hay una especie de “plan de exterminio”, de eliminación de las cárceles, a través del gatillo fácil, a través de machacar sobre la carne humana, del paco, variables diferentes pero todas en términos de guerra. “Hay que terminar con el enemigo, el narcotráfico es un enemigo y hay que combatirlo con armas”, y sabemos cuál es el mecanismo que se aplicó en la “guerra sucia” en Argentina y en otros países del continente en este conflicto planteado en términos de destruir al otro, que es en última instancia la idea central que exporta Estados Unidos para implementar el Latinoamérica. La otra posibilidad de resolver los conflictos, es a través de la negociación, de la ocupación territorial por parte del Estado, no con la policía como el único recurso frente a un conflicto, por ejemplo, de un pibe en la escuela que se atrinchera en un aula hay otros mecanismos a través de desarrollo social, de la educación, desde la salud que tiene que ser la cobertura, y en última instancia debe acudir la policía, y si acude debe actuar con parámetros y protocolos de respeto a la dignidad humana, de usar la mínima cantidad de fuerza para reducir la situación de conflicto. Pero aquí primero se golpea y después se pregunta, se encierra violando los tratados internacionales y leyes nacionales, que tienen que ver, por ejemplo, con la infancia; y en esto hago un destacado especial, Argentina es vanguardia en haber suscripto tratados a nivel internacional, pero luego ese plexo normativo no se compadece con la realidad, no hay una interacción de la norma con la realidad, al contrario, la realidad va desbocada por otro camino que es el de la ajuridicidad que se da con la autoridad y discrecionalidad que tiene un policía que es juez, que es parte, que dirime conflictos, que encierra, que excarcela, que coimea, que recluta pibes para robar para ellos. Y un ejemplo paradigmático de ello es el caso de Luciano Arruga, que fue secuestrado por policías de Lomas del Mirador, en dónde se estableció un destacamento policial por requerimiento de la gente más pudiente, clase media media/alta, que temían a los “villeros” que vivían al lado, ponen el destacamento en el medio y se suponía que la policía estaba para cuidar a los más ricos, sin embargo la policía reclutaba jóvenes de la villa para que roben a los más ricos para darle a ellos. Luciano Arruga se resistió a esto, le habían ofrecido armas, vehículo y la impunidad de entrar y salir porque era menor, pero lo golpearon en septiembre de 2008, lo torturan, lo sueltan, lo vuelven a encarcelar y finalmente se les muere en 2009, y se encuentra desaparecido hasta el día de hoy. Pero lo peor de todo esto es que el mensaje sigue, porque no detuvieron y mucho menos separaron del cargo a los policías involucrados, por lo que siguen reclutando pibes y les dicen “si no trabajas para nosotros, te va a pasar lo mismo que a Luciano”, y por esto mismo trabajan para la policía. Entonces estamos frente a un involucramiento del Estado, de funcionarios públicos con el delito, otro ejemplo es el del caso “Candela”, que hay un informe del Senado de la Provincia de Buenos Aires, que establece niveles de responsabilidad de los policías involucrados, y no sólo no pasaron a retiro a ninguno, sino que hace pocos días nombraron al frente de una DDI a uno de los involucrados por el crimen.
La Comisión Provincial por la Memoria aboga por un “Acuerdo por una Seguridad Democrática”, que nos debemos por los 30 años de democracia ¿Sobre qué versa?
Esta propuesta la hemos generado hace tiempo, hemos trabajado con organismos de Derechos Humanos hermanos como el CELS, con referentes en la materia como (León) Arslanián, o Enrique Font, de Santa Fe, y en este espacio lo que buscamos es justamente instalar la idea y bregar por una política de Estado, y como política de Estado se quiere decir que haya consensos políticos amplios, no solamente del partido gobernante sino un consenso de todos los partidos democráticos, quedarán excluidos aquellos que estén por fuera del sistema, que no tengan interés en democratizar el modo de vida. Apunta justamente, a un cambio en esta matriz policial y penitenciaria que tenemos de arrastre de la época de la dictadura y no ha sido modificada, y tiene que ver con romper la militarización de las fuerzas policiales y penitenciarias, romper la verticalidad. Hoy en día la cabeza de la policía es un uniformado, en los intentos de reformas de Arslanian, se puso al frente de la fuerza a una autoridad civil, y esto fue una significación importante del cambio de matriz. También la generación de una policía nueva como la que intentó hacer Arslanian, la policía bonaerense 2, para romper la estructura de la vieja policía; que los ascensos no sean en base a escalafones y antigüedad, sino que se haga en base a méritos y actuaciones de cada funcionario policial. Que es verticalidad se rompa para establecer una horizontalidad, que tenga que ver con una forma de interactuación policial democrática en la que haya debate, haya consulta y que lo vertical tenga que ver con una orden concreta cuando se va a ejecutar una acción policial, pero que no tenga que ver con todo el funcionamiento. Por otro lado, el tema del control interno de la fuerza tienen que realizarlo los civiles, o sea, gente ajena a la fuerza policial, y no como es ahora, que la propia fuerza se investiga a sí misma con aquel criterio de que los trapitos sucios se lavan en casa y todo se esconde debajo de la alfombra, o se pacta, cuando se quiere mandar al matadero a alguien se lo expone y se lo sanciona, y se lo expulsa de la fuerza, y cuando se quiere encubrir se modifican pruebas. Hay modelos y diseños de policías en el mundo que demuestran que hay otros camino es posible. Yo tengo la experiencia de cuando se descentraliza en España la Policía Nacional y se delega a las comunidades autónomas la generación de la propia policía, por ejemplo en el caso de la Policía de Catalunya, la Escuela de Policía está dirigida obligatoriamente, por ley, por un catedrático de la Universidad de Barcelona. Entonces el diseño de la formación policial es un diseño académico, universitario, que no tiene que ver con la improvisación que ocurre en la Argentina, que un egresado, a los 6 meses está con un arma en la mano y sale a disparar a la calle, sino que, por el contrario, allá se hacen psicológicos, estudios permanentes durante la cantidad de años de estudio y recién se habilita a la calidad de policía cuando se han pasado todas estas pruebas, y se ve en los controles de funcionalidad del estudiante. A mí me sorprendía estudiantes policías con aritos, pelo largo, es decir, con la informalidad típica de cualquier estudiante universitario y no con este molde prefijado, de corte militar, que tenemos acá en la Argentina; además con muy buena formación, por ejemplo, asistí al caso de una ocupación de un edificio por parte de okupas que habían cortado la luz, el generador eléctrico y demás, la policía rodeó ese edificio y estaba esperando la orden de la jueza para poder allanar, y había vecinos que le decían a la policía que entraran ya y a los golpes, y los policías no solamente decían que no había que hacerlo, sino que no entendían como le podían exigir algo que era ilegal. Acá, a los policías que tenemos, si a algún vecino se le ocurriera demandar, por ahí si el policía no lo hace (entrar a reprimir) y dice que esta con las manos atadas, es decir, si fuera por ellos entrarían a los palazos y romperían todo. Recuerdo una conversación que tuvimos con Néstor Kirchner, por la Comisión por la Memoria, cuando recién asumió en 2003, y él me decía que si el tuviera una policía como la de Bélgica, podría poner gente armada en primera línea, pero con los policías que tenemos, si las mandaba armadas, con un escupitajo le pegan a alguien un tiro en la cabeza. Entonces debe haber un cambio de mentalidad, de horizontalidad que debe tener la policía, para actuar conforme a protocolos, parámetros, un cambio de formación de un ciudadano que viste uniforme y que tiene arma pero que debe comportarse respetando las mismas normas que establece la Constitución Nacional y las leyes. Ahora, si esto no se da y la policía tiene esa autonomía en la que hay una zona liberada para que puedan interactuar como quieren, estamos en serios riesgos como estamos actualmente, en donde la policía libera zonas, habilita a ladrones para que roben para ellos, y todo esto genera la llamada inseguridad, tan declamada, tan publicitada, y que en última instancia tiene que ver con el delito complejo y, como dije antes, del entramado de la policía vinculada con el delito.
¿Y qué opinión le merecen los proyectos, que en algunas provincias ya están implementados, sobre las policías judiciales?
Nosotros fuimos autores del proyecto de ley sobre Policía Judicial en la Provincia de Buenos Aires que se denominó así porque lo dice la misma Constitución provincial reformada en 1994, pero en realidad la denominación más correcta sería la de un Cuerpo de Investigadores que Pertenecen al Poder Judicial, que n tienen nada que ver con la policía de seguridad que hoy conocemos. La Ley está sancionada y aprobada en la Provincia de Buenos Aires, pero aún no se ha dado presupuesto ni se ha llamado a concursos, o sea que no está implementada, como dije antes, hay un divorcio entre la norma y la realidad. Pero la idea es que esa ese cuerpo de investigadores que pertenecen al Poder Judicial a través del Procurador de la Provincia de Buenos Aires, actúe para investigar delitos complejos, que tienen que ver justamente con delitos cometidos por la policía, por funcionarios públicos, por el gran entramado de delito grave, no del menudeo; e integrada por gente especializada, que esté preparada para que no se deslice información de operativos que se vayan a realizar, con fondos reservados para hacer esos operativos sin que trasciendan las actividades que se van a desplegar, para levantar rastros y acumular pruebas con criterio científico, no como ahora que hay una Policía Científica muy elemental, muy primitiva, que no recolecta los datos con criterios académicos y científicos, y por eso hay una serie de funciones que se cumplen en esa policía judicial, establecido por ley, que tienen que ver con diferentes protagonistas en la actuación judicial. Creo que esto sería un gran avance, y ojalá que el gobierno provincial de las partidas necesarias para que se pueda llamar a concurso rápidamente, y comenzar a implementarlo quizás gradualmente, como se plantea, que sea por departamento judicial, pero no esperar años para que se despliegue en toda la Provincia, sino que se haga en un plazo razonable.
Hace poco tiempo se la Comisión Provincial por la Memoria presentó el informe anual sobre tortura en las cárceles ¿Cómo es la realidad penitenciaria en la Provincia de Buenos Aires?
La realidad penitenciaria es la misma, con algunos matices. Nosotros hemos creado el Comité Contra la Tortura hace 10 años, y hace 10 años comenzamos a hacer relevamientos, monitoreos con un protocolo de actuación que hemos ido perfeccionando, hemos hecho denuncias a nivel internacional, ante Naciones Unidas, ante el Comité de Ginebra respecto a la niñez, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que hemos logrado en estos 10 años es, por un lado defender los derechos vulnerados, puntualmente con hábeas corpus, con denuncias. Por otro lado, hemos logrado que se acepte que la tortura es una práctica sistemática, hasta el propio Gobernador (N.de R. Daniel Scioli) ahora lo acepta, al principio nos decía que eran algunas manzanas podridas del sistema, que no era todo el conjunto, y hoy día se aceptó que la tortura es sistemática, y nosotros decimos que ningún espacio dentro de una unidad carcelaria es un lugar de no-tortura, porque tortura no es sólo aplicación de picana eléctrica –que la hay-, sino que es también tener a una persona encerrada durante 23 horas y salir una hora de recreo, tener aislados y desaparecidos en el sistema durante siete u ocho días, hasta que toma contacto la familia o el juez, porque lo llevaron a otra unidad, y en este sentido hemos logrado a fines del año pasado que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires aceptara que lo que nosotros decíamos que era tortura, efectivamente lo es, y que es el cambio o traslado sistemático de un preso de una unidad a otra, como forma de castigo, como una forma de desaparición del sistema y de alejamiento e los vínculos familiares y también de los jueces, defensores y fiscales. La Corte admitió que este sistema, que hemos denominado “calesita”, es un sistema de tortura y dispuso además que tiene que ser el juez el que dispone el traslado y no el servicio penitenciario. Porque esos traslados sistemáticos, además de ser torturan, son una fuente de recaudación ilegal para el Servicio Penitenciario, que cobra viáticos, que cambia neumáticos, que gasta combustible. Hay toda una rueda que tiene que ver con el manejo político interno de la cárcel, ya que dentro de la cárcel está los “aliados” informantes del servicio, están los que los tiene “dopados”, los que están invisibilizados y doblegados, también están los más rebeldes, los más cuestionadores, que para mí son los más sanos, y a esos además de las golpizas y las torturas, se los traslada de una unidad a otra. Tenemos ejemplos de chicos que son trasladados hasta por 20 cárceles diferentes, con un agravante, todo traslado implica que la conducta comienza a evaluarse desde cero. Entonces si lo que se llama “hacer conducta”, para poder logar un beneficio, una salida, mejor calificación para el día que se tenga que autorizar una libertad condicional, se lo vuelcan a cero porque lo trasladan y comienza la planilla de nuevo, y hasta los tres meses no tiene una calificación (3) tres. Entonces es un acto perverso de mortificación de las personas, que por más que se comporten correctamente, esta política de “premios y castigos” es una forma de gobernabilidad, que hay que decirlo también, no es sólo sobre los cuerpos las personas privadas de la libertad, que ya están controladas y aseguradas por el sistema, sino que la idea es mandar un mensaje de crueldad hacia el afuera, y esto es muy perverso también, porque se está generando desde el sistema penitenciario y desde la policía, una violencia institucional sobre las personas, con la idea del sometimiento, sin advertirse que se está generando un peligro mayor para la sociedad, porque esa persona que sale en las peores condiciones no podemos pretender que sea un angelito, sino que va a tener una violencia acumulada que la va a volcar en actos violentos contra la sociedad. Además del desamparo con el que salen cuando son liberados, ya que no les dan un peso para trasladarse a su domicilio, hay gente que vive muy lejos y tiene que ir caminando o haciendo dedo, y salen a medianoche, otro disparate. Todo ello es una perversión al sistema que es lo que hay que modificar, esto es autoritario, dictatorial, y no podemos tolerar tener esto en un sistema democrático, y ahora, a propósito de la reciente muerte de (Nelson) Mandela, él tenía una frase muy significativa que era “se conocerá la calidad democrática de un país por sus cárceles”, y creo que si hay que evaluar hoy a la Argentina por su calidad democrática podría decir que estamos con grandes deudas en la formación institucional de una democracia consolidada, en la medida que tengamos el nivel de violencia que hay en las cárceles argentinas.