La Procuración Penitenciaria de la Nación recomendó crear un programa que se dedique a abordar las situaciones registrales de las personas privadas de su libertad.
La Procuración Penitenciaria de la Nación recomendó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación evaluar la posibilidad de crear un programa destinado a la documentación de las personas en contexto de encierro.
Según explicaron desde el organismo, el programa abordaría “las situaciones registrales que hoy no reciben adecuada atención y que, en los hechos, postergan el acceso a derechos de las personas detenidas sin documento”.
“La problemática de la documentación personal en las cárceles es un problema histórico sobre el cual la Procuración ha venido trabajando desde hace años”, explicaron desde el organismo.
La Procuración Penitenciaria realizó un relevamiento en distintas unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el segundo semestre del 2013. Según esos datos, sobre un total de 79 personas privadas de libertad 20 tenían inconvenientes para regularizar su situación documental.
Un 25% del total de la muestra no poseía DNI al momento de la entrevista. “A lo largo del año, asimismo, se registraron 154 reclamos directos relacionados con la documentación personal espontáneamente comunicados a la PPN, además de muchos otros, difíciles de contar, en los cuales los problemas de documentación aparecen de modo indirecto, subordinados al reclamo por algún otro derecho violado”, explicaron desde la Procuración Penitenciaria.
Desde 2011, opera un Convenio de Cooperación conjunta entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que ha acelerado notablemente los tiempos de emisión del DNI.
Sin embargo, “la PPN ha detectado que en los casos de personas que nunca han sido registradas, o que no han realizado la actualización durante su minoría de edad, los problemas subsisten e implican trámites engorrosos, de años de duración y de casi imposible solución, dado que en las inscripciones tardías deben intervenir autoridades judiciales y administrativas de distintas jurisdicciones”, explicaron.
Y concluyeron: “la Procuración alienta la puesta en marcha de un programa que atienda la especificidad del derecho a la identidad en contextos de encierro, en línea con un compromiso estatal integral frente a la reinserción social de las personas detenidas”.