El órgano porteño inició un procedimiento disciplinario contra Pablo Bacigalupo integrante de la Sala II de la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) por supuesto “maltrato” a los empleados. El camarista podría recibir una multa de hasta el 30% de su salario.
En uno de los últimos plenarios del año pasado, el Consejo de la Magistratura firmó la resolución 231/2013, por medio de la cual inició un proceso disciplinario Pablo Bacigalupo, integrante de la sala II de la Cámara en lo Penal, Contravecional y de Faltas (PCyF) de la Ciudad.
Se trata del expediente “SCD s/ Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA) s/ Denuncia”, iniciado a partir de una denuncia de la agrupación gremial porteña contra el magistrado por “maltrato laboral” a los empleados de la sala II del fuero PCyF.
El plenario del organismo aprobó el dictamen elaborado por la Comisión de Disiciplina que argumentaba que es “dable afirmar que el tenor y trascendencia de los hechos presuntamente acaecidos y que pueden valorarse con algún grado de probabilidad -en este estado del procedimiento- no ameritan la formulación de la acusación del magistrado con encuadre en la causal de mal desempeño a los fines del juicio político”.
Por ello, a diferencia del pedido del gremio que pretendía se inicie un jury, el Consejo porteño dispuso la apertura del procedimiento disciplinario según lo previsto en el “Título III del Reglamento Disciplinario de Magistrados e Integrantes del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Esto significa que no será por “mal desempeño” en sus funciones sino que se analizará la actuación del juez porteño y, de corresponder, se le podrá aplicar una recomendación; una advertencia; un llamado de atención; un apercibimiento o en su caso una multa, “por un monto de hasta el 30% de sus haberes”.
Según sostiene en el expediente el gremio el juez “todos los días, al llegar (cerca de las 11 de la mañana), lo hace de forma ‘intimidante’, denigrando a los trabajadores y burlándose de ellos”. También explicaron que “abundan las declaraciones que indican que el denunciado aplicaba y aplica en la actualidad un sistema perverso de ir minando sistemáticamente la capacidad y la autoestima de las personas que trabajan con él, generando relaciones de sumisión basadas en el miedo y el autoritarismo y manteniendo un trato soberbio y agresivo”.