La Procuración Penitenciaria de la Nación pidió a la Secretaria de Comercio Interior que extienda los beneficios del plan “Precios Cuidados” a los comercios que abastecen a la “población detenida y sus familias”.
La Procuración Penitenciaria de la Nación solicitó a la Secretaría de Comercio de la Nación la extensión del acuerdo “Precios Cuidados” a los comercios que abastecen a la población detenida y a sus familias.
El organismo, cuyo titular es Francisco Mugnolo, también pidió “el examen de algunos aspectos de la relación de consumo en contextos de encierro que comprometen el pleno acceso de los internos a sus derechos como consumidores”.
Desde la procuración penitenciaria informaron que “un relevamiento llevado adelante por el organismo el pasado 7 de enero en torno a una muestra de los productos del acuerdo “Precios Cuidados” tomada al azar, indicó que varios de ellos no se ofertan en las proveedurías que atienden el consumo de las personas privadas de libertad”.
Asimismo, “aquellos disponibles son ofertados, en varios casos, a precios más caros, con extremos de incluso hasta casi un 50% por encima del valor del listado”, explicaron desde el organismo.
“Las compras particulares de alimentos y enseres por parte de las personas detenidas revelan por sí solas la existencia de falencias en la provisión regular por parte del estado de estos bienes”, por lo que “la oferta actual, con precios, en algunos casos, burdamente alejados de los vigentes en el medio libre, puede considerarse un agravamiento de la situación de encierro”, precisó la procuración penitenciaria.
Desde el organismo también advirtieron que se detectó que en los establecimientos penales federales del área metropolitana de Buenos Aires, es decir Ezeiza, Devoto, Marcos Paz, no se emiten tickets fiscales individuales de compra a cada cliente.
Esto “dificulta el control que cada persona puede hacer sobre la administración de sus fondos por parte de la autoridad penitenciaria”, dijeron.
“También se advirtieron falencias en el control de la cadena de frío desde la entrega por parte de los servicios de proveeduría concesionados a la autoridad penitenciaria hasta el momento de efectiva entrega a cada consumidor”, concluyeron.