La Justicia Federal de Morón envió a juicio oral a siete agentes penitenciarios acusados de torturas contra un preso. La causa tiene a la Procuración Penitenciaria en calidad de querellante.
El Juzgado Federal N° 2 de Morón dispuso la clausura de la instrucción y la elevación a juicio respecto de las situaciones procesales de siete agentes penitenciarios imputados por torturas. En la causa la Procuración Penitenciaria de la Nación está como querellante.
Los penitenciarios imputados en la causa son Juan Pablo Martínez, Víctor Guillermo Meza, Roberto Fernando Cóceres, Javier Enrique Andrada, Juan José Mancel, Juan Fernando Morinigo y Ede Martín Vallejos. Cuatro de ellos están imputados por las torturas y el resto por saber de ellas y no denunciarlas. Los hechos sucedieron en el el Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos de Marcos Paz.
El 16 de julio de 2011, el detenido BN recibió una feroz golpiza que duró más de dos horas, primero en su celda y después en el octógono del Anexo V, en el marco de la cual sufrió diversas torturas físicas “consistentes en golpes de puño, bastonazos, puntapiés y pisadas en los tobillos y pies, mientras se encontraba esposado”, explicaron desde la procuración.
Además, “fue arrastrado por el suelo e introducido en las duchas de agua fría repetidas veces y contra su voluntad. También fue sometido a diversos sufrimientos psíquicos como intentar introducirle un bastón enel ano y amenazarlo con hacer peligrar su integridad física en el futuro dentro de la unidad”, indicaron.
Luego de las agresiones, el joven pasó varias semanas en silla de ruedas y tuvo, también secuelas psíquicas, diagnosticadas como“trastorno postraumático de estrés, de carácter intrusivo y excitativo, el que tiene suficiente jerarquía para generar una grave injuria psíquica”.
Desde el organismo querellante advirtieron que “se acreditó suficientemente” que los autores de la tortura fueron, al menos, Juan Pablo Martínez (Jefe de Turno del CFJA al momento de los hechos), Roberto Cóceres, Víctor Guillermo Meza y Javier Andrada (los tres auxiliares de requisa), mientras que Juan Fernando Morinigo, Ede Martín Vallejos (auxiliar de requisa y encargado del pabellón, respectivamente) y Juan José Mancel (Jefe de Día del establecimiento al momento de los hechos), “tuvieron pleno conocimiento de los hechos en cuestión e incumplieron su deber de denunciarlos”, explicaron.
Los primeros cuatro se encuentran procesados (Martínez, Cóceres y Andrada, con prisión preventiva) y responderán en juicio en orden al delito previsto en el artículo 144 ter, y los últimos tres nombrados, con relación al tipo penal del artículo 144 cuarto –ambos del Código Penal-.
Los esfuerzos realizados por la Procuración fueron determinantes para contrarrestar las constantes dilaciones procesales introducidas por las defensas de los imputados -remarcando que al hallarnos ante un caso de graves violaciones a los derechos humanos, ese carácter implica una obligación para el Estado que se traduce en deberes de investigación agravados en cabeza del Poder Judicial para conseguir de la forma más rápida posible la realización de los juicios y sancionar a sus responsables- y para lograr el avance de la causa a la etapa de juicio oral”, sostuvieron desde la procuración.