El Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso del ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, quien fue condenado por haber criticado a un juez.
El pasado viernes el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso del ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, quien fuera condenado por daños y perjuicios por haber criticado al juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
La presentación del Cels ante el organismo internacional se da luego de que la Corte Suprema confirmara la condena por daños y perjuicios contra Acevedo. Canicoba Corral demandó a Acevedo por haber dicho, en una entrevista periodística en el año 2004, que algunos jueces federales, entre los que se menciona al propio Canicoba, eran “detestables”.
Con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Raul Zaffaroni y Carlos Fayt, el máximo tribunal consideró que los jueces no deben soportar “cualquier afrenta a su honor sin que se les repare el daño injustamente sufrido”.
La Corte sostuvo que Acevedo, en tanto funcionario público, debía conducirse con mayor prudencia al momento de calificar a funcionarios de otros órganos del Estado. En dicidencia votaron Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carmen Argibay.
Desde el Cels sostuvieron que “con su decisión la Corte Suprema asume que existe una convención previa sobre lo “razonable” y “adecuado” a la que los participantes del debate público deben ajustarse cuando se refieren a críticas sobre funcionarios del poder judicial”.
Situación que “conlleva una limitación absurda, injustificada, de las conductas y, por ende, del resultado de los debates vinculados a la justicia en general y a los jueces en particular”, explican desde la ong.
“Esta condena constituye un antecedente inadmisible en materia de protección de la libertad de expresión, el libre debate de ideas y el control sobre los órganos de Estado” explican desde el Cels.
Y concluyen: “la propia CSJN que venía desarrollando y aplicando de forma constante pautas jurisprudenciales para evaluar y ponderar casos en los que se encontrara en conflicto la libertad de expresión y el derecho al honor en consonancia con los estándares internacionales mostró un claro retroceso al aplicar sanciones cuando lo que está en juego es el honor de los jueces”.