"Es importante construir políticas públicas de prevención del delito, no sobre la base de un conocimiento intuitivo fundado más bien en preconceptos ideológicos del problema de la seguridad, sino sobre la base de un conocimiento científico de la realidad, que base sus acciones en un diagnóstico certero de la realidad", destacó el funcionario.
Ciafardini reconoció por otra parte que los sistemas de recolección de datos implementados desde su secretaría a partir de denuncias efectuadas sobre hechos criminales ante las policías y demás organismos de Seguridad de todo el país, resulta "incompleta para la determinación de la realidad, a partir del "descubrimiento" de la cifra negra de la criminalidad".
"Se debe entender -subrayó- que un aumento de los hechos reportados a la policía quiere decir exactamente eso y no un aumento de los hechos ocurridos".Por esa razón explicó que "se han desarrollado encuestas dirigidas a la población general con el objeto de detectar, respecto de algunos delitos, su prevalencia (porcentaje de población victimizada)".
Estos indicadores al ser independientes del funcionamiento penal, tanto desde el punto de vista de la fuente de los datos, como de diversas legislaciones de fondo y procesales, "permiten una base de comparabilidad entre diversas poblaciones victimizadas".
También destacó que este tipo de relevamientos no sólo proporciona datos acerca de la "cifra negra de la criminalidad" sino también "resultan un indicador de la relación entre la población y el sistema penal en su conjunto".
Con este tipo de relevamientos se pretende, en síntesis, la realización del "diseño de un diagnóstico de la realidad criminal respecto de una población particular para una serie de delitos" y obtener información "relevante acerca de la relación entre la población y el sistema penal", así como también "contribuir a conocer el imaginario social acerca del funcionamiento del sistema penal".
Ciafardini formuló estos conceptos durante el acto de clausura del primer Encuentro Internacional de Expertos para la Organización Regional y la Coordinación de las Encuestas de Victimización, organizadas por la secretaría a su cargo, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.