La Procuración General de la Nación dictaminó que una investigación por amenazas y administración fraudulenta que involucra el jefe de la barra de Independiente y al ex presidente del club de Avellaneda debe continuar en la Justicia provincial y no en la de Instrucción. Los detalles del dictamen.
El procurador general adjunto, Eduardo Casal, dictaminó que debe ser la Justicia de Lomas de Zamora investigue al ex jefe de la barra brava de Independiente Pablo “Bebote” Álvarez y al ex presidente de ese club Julio Comparada, por hechos ocurridos en 2009 donde habrían amenazado a juzgadores del club exigiéndoles dinero.
En la causa se investigan hechos ocurridos los días 10, 16 y 18 de febrero de 2009 en el predio de Independiente en la localidad bonaerense de Villa Domínico, cuando integrantes de la barra brava le habrían “exigido dinero a futbolistas del plantel profesional bajo amenaza”.
“Asimismo, son investigados individuos que al momento de los hechos integraban la comisión directiva del club, por desviar dinero de la institución con el que los llamados barrabravas costearon un viaje y estadía en Sudáfrica para asistir al campeonato mundial de fútbol que se disputó en el año 2010”, añade el dictamen del procurador.
Se trabó un conflicto de competencias entre el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°4 y el Juzgado de Garantías N° 9 de Lomas de Zamora. El primero declinó la competencia y el segundo no la aceptó y por eso la causa llegó a la Corte Suprema.
En su dictamen, Casal aludió a las declaraciones testimoniales de futbolistas de Independiente, quienes “con la reticencia acostumbrada en estos casos, al menos confirmaron la existencia de una ‘reunión’ con los integrantes de la ‘barra’ y el hecho de haberles dado dinero ‘para evitar inconvenientes’".
Mientras que, en cuanto al supuesto desvío de dinero de las arcas del club para financiar el viaje de los barras al Mundial, el procurador entendió que la causa debe tramitar ante la Justicia provincial por “el domicilio en la localidad de Avellaneda en que se encuentra la administración del patrimonio perjudicado y debe cumplirse con la obligación de rendir cuentas”.