La Procuración Penitenciaria de la Nación pidió “ampliar la escucha y otorgar un espacio a los destinatarios directos del poder penal”. El organismo lo solicitó durante el Congreso Federal sobre Reforma Legislativas en Mar del Plata.
La Procuración Penitenciaria de la Nación tomo posición con respecto a las propuestas debatidas en el “Congreso Federal sobre Reformas Legislativas” que se realizó por estos días en Mar del Plata. Desde el organismo destacaron que es “necesario someter a discusión cuanto antes una posible reforma de la legislación penitenciaria”.
“El proceso de reforma anunciado reclama legitimidad y ello exige ampliar la escucha y otorgar un espacio privilegiado a la voz de los destinatarios directos del poder penal”, dijeron desde el organismo y recalcaron que “sería estéril comenzar de cero, sin cosechar el reclamo y el esfuerzo que muchos han hecho ya”.
Asimismo, desde el organismo dirigido por Francisco Mugnolo, consideraron que existen algunos ejes “irrenunciables en una revisión democrática del entramado normativo de la ejecución penal y ellos constituyen el núcleo de la preocupación de la Procuración en este momento”.
“La función penitenciaria debe abandonar definitivamente el perfil militarizado y vertical de la defensa nacional todavía impreso por las normas de facto que, a pesar de las décadas de democracia, aún regulan la gestión”, explicaron ya que la función penal “debe concebirse como una tarea profesional, especializada en la intervención sobre la persona objeto de una medida penal, sus derechos y sus relaciones con el conjunto de la sociedad”.
Asimismo, detallaron que “el sistema actual, causa, propicia, condiciona, tolera u omite prevenir la muerte, la tortura, el hacinamiento, el desarraigo, la humillación, la enfermedad, el analfabetismo, la corrupción, la precarización laboral y el deterioro de la familia y la cultura”.
Desde la Procuración también destacaron que es “urgente la revisión del estatuto del personal, de modo de darle un corte profesional y democrático y dotarlo de las protecciones laborales que corresponden a un trabajador público en una función sensible, pero también debemos revisar las demás pautas, recursos y servicios necesarios frente a la promesa de una gestión profesional”.
“En definitiva, coincidimos en la necesidad de reformar lo penitenciario, pero en esa búsqueda, creemos insoslayable asegurar un marco de indisputable calidad democrática para el camino que se emprenda. Poner a la persona humana en el centro de la escena, asumir un compromiso franco con la discusión y con quienes han trabajado en iniciativas previas y asumir que la progresividad en la protección de derechos humanos no solo exige mejores intervenciones en la gestión penal, sino, sobre todo, intervenciones alternativas más inteligentes y menos dolorosas”, concluyeron desde el organismo.