Ambos letrados centran la denuncia en el hecho que Maqueda votó dos veces, una como senador y otra como presidente del cuerpo. Ese voto permitió romper la paridad en 34 senadores en contra y 34 a favor de la derogación de la ley de subversión económica.
Según los denunciantes, el artículo 57 de la Constitución Nacional dispone que “el vicepresidente de la Nación será presidente del Senado pero no tendrá voto sino en el caso de que haya empate en la votación”.
Para Iglesias, Maqueda “votó en la sesión, por primera vez, sin tener en cuenta que le estaba vedado hacerlo”, dijo Iglesias quien agregó que el senador “no estaba autorizado” a emitir su sufragio.
“Esta conducta del voto fraudulento tiene un claro sentido: menoscabar la independencia e integridad de la Nación”, afirmó Iglesias en la presentación de cinco carillas que se recayó en el juzgado a cargo de Norberto Oyarbide.
El presentante denuncia a Maqueda como autor de los delitos de falsedad ideológica, traición agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y a la senadora radical de Río Negro Amanda Isidori como partícipe de los dos últimos delitos.
Para Iglesias, Isidori fue funcional a la estrategia desplegada por los miembros de la cámara alta para aprobar la derogación, cuando se retiró y permitió que la votación quedara empatada. Pero la denuncia incluye a todos los senadores que votaron afirmativamente.
En la otra denuncia, radicada ante la Fiscalía Federal 11 a cargo de Guillermo Montenegro, Prada Errecart pidió que se “declare la invalidez” de la norma aprobada el jueves por el Senado. “El acto legislativo está viciado de nulidad manifiesta e insalvable", afirmó.
Por su parte, el abogado Carlos José Diaz, reclamó ante la justicia federal la nulidad e inconstitucionalidad de la ley que deroga la subversión económica; pidió que el Ejecutivo vete esa norma y también cuestionó la facultad de Maqueda de haber ejercido el doble voto para desempatar durante la sesión del pasado jueves en la cámara alta.
En la presentación, el letrado le reclamó a la juez federal María Servini de Cubría el dictado de una medida cautelar urgente a fin de evitar la aplicación de la norma que, hasta esta tarde no había sido promulgada.
De ese modo, el denunciante le pidió a la juez “que ordene al PEN el veto de la ley” , cuya derogación había sido reclamada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como una de las condiciones para negociar con el gobierno argentino líneas de crédito para aliviar la difícil situación por la que atraviesa la economía argentina.
Diaz advirtió que si al momento de dictarse le medida la ley hubiera sido promulgada deberá disponerse la suspensión de la aplicación hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, respecto a la constitucionalidad de la ley. En una extensa presentación el letrado cuestionó el rol cumplido por el FMI y rechazó “cualquier imposición de políticas o metas económicas a nuestro Estado, incluido la imposición de derogación y o sanción de leyes”.
En tal sentido, el denunciante exigió que no se sancione “la impunidad de personas que han delinquido, debido a la presión del Fondo Monetario Internacional”, al referirse a los directivos de los bancos nacionales o extranjeros que eran investigados por presuntos hechos de subversión económica.
Asimismo, Diaz reclamó se “declare la constitucionalidad del derecho que le asiste a la sociedad en su conjunto de ejercer plenamente su soberanía en tanto pueblo organizado, mediante el legítimo obrar de las autoridades del Estado Nacional”.
Al reclamar la nulidad de la ley que deroga la anterior 20840 el autor del amparo advirtió que “el Estado Nacional –mejor dicho su actual dirigencia—deberá romper las ataduras que hoy lo ligan a las imposiciones que formulan los organismos de crédito internacionales, quienes le fijan a nuestro Estado., metas económicas que impiden el cumplimiento de las obligaciones que tiene con la vigencia de los derechos humanos , básicamente en el plano social , cultura, y económico”.
También indicó que la derogación “violentan la seguridad jurídica, constituye una verdadera transferencia” en beneficio de “este organismo internacional de crédito verdadero detentador de la soberanía”.
Al fundar su pedido, el letrado también cuestionó las presiones que se ejercieron el jueves de la semana pasada y los días previos para que la ley 20840 fuese derogada, y en ese sentido recordó la actitud asumida por la senadora rionegrina Amanda Isidori, q uien al retirarse del recinto en cumplimientos de las directivas impartidas por el gobernador Pablo Veragni, evitó la derrota del oficialismo, y el posterior desempate por parte de Maqueda.
“Las presiones a los legisladores que se encontraban dispuestos a votar en contra del proyecto en tratamiento, no sólo se llevó adelante durante los días previos, sinó que en el recinto en el momento de la sesión, la senadora (Mabel) Muller, representante de Buenos Aires, fue una de las que encabezó la continuidad del ejercicio de tales presiones”.
Advirtió también que mientras en el Justicialismo se habla de tomar represalias contra los “senadores díscolos” eso no sucede en la UCR, por lo que resulta “evidente que el voto negativo en la sesión , en realidad ha formado parte de una estrategia previamente consensuada por ambas líneas internas”, constituyendo “una puesta en escena de un nuevo capitulo del pacto de Olivos, en pos de obtener aquello que el FMI imponía”.