La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública por el caso de la responsabilidad estatal de la Argentina en la violación del derecho a la libertad personal y a un juicio justo en los procesos internos llevados adelante contra oficiales.
Durante la audiencia, realizada el pasado 27 de mayo, la Corte IDH escuchó los fundamentos de la CIDH . También, las declaraciones de un perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas y un perito propuesto por el Estado.
Asimismo, la Corte escuchó los alegatos finales orales de los representantes de las presuntas víctimas y del Estado de Argentina, así como las observaciones finales de la Comisión Interamericana.
Los representantes de las víctimas detallaron la ilegalidad “la prisión preventiva dictada por un tribunal que no satisfacía las exigencias de un tribunal independiente e imparcial, ni con las garantías de defensa en juicio”, dijo Clara Leita, defensora pública interamericana. Gustavo Vitale habló de “un instituto lesivo de los derechos humanos” donde se produjo “el encarcelamiento durante el proceso sin saber si se trata de personas culpables o inocentes”.
Javier Salgado, representante del Estado, se mostró a favor de la utilización de la herramienta de solución amistosa y no como argumentaban los representantes de la víctima como algo “dilatorio”. Ramiro Riera, del ministerio de Defensa, sostuvo que “no existió en el caso un error, o un problema en el juzgamiento respecto de las responsabilidades penales de los peticionarios”.
El 29 de mayo de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso “Argüelles y otros Vs Argentina”. Se trata de un caso relacionado con la presunta violación al derecho a la libertad personal y el derecho a un juicio justo en los procesos internos llevados adelante contra oficiales.
Ello en el marco del, actualmente derogado, Código de Justicia Militar (CJM). Unos 20 militares eran investigados por el delito de fraude militar. Los procesos objeto de este caso ocurrieron durante el período de 1978 a 1980 y resultaron en la detención de aproximadamente 50 oficiales militares que estaban a cargo de fondos de diferentes bases de la Fuerza Aérea Argentina.
“Veinte de ellos son víctimas del presente caso”, explicaron desde el organismo internacional. La CIDH sometió a la jurisdicción de la Corte IDH los hechos y violaciones de derechos humanos en que incurrió el Estado por la violación del derecho a la libertad personal de las víctimas al mantenerlas en prisión preventiva por un período excesivo y la violación del derecho a ser juzgado con las debidas garantías en un plazo razonable.