El Estado Nacional indemnizará a la familia de un joven que fue asesinado en medio de una persecución policial. Por decreto se dispuso el pago a partir de un acuerdo de “solución amistosa” obtenido por los familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Estado Nacional oficializó, mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1007/2014, el pago el pago indemnizatorio a la familia de una persona que murió tras recibir un balazo en medio de una persecución policial.
La decisión se publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial y tiene que ver con un acuerdo de solución amistosa que el Estado Argentino firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso “Gabriel Egisto Santillán”.
Se trata de un caso donde Santillán murió “a causa de la herida de bala que recibió en circunstancias en que miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires perseguían a individuos no identificados acusados de la sustracción de un vehículo”.
En 2009 el caso fue llevado ante la CIDH y en 2008 se firmó el acuerdo de solución amistosa. Recién en 2009 se oficializó el mismo en el país y en 2011 el organismo internacional fijó la indemnización para la familia de la víctima con más de 300 mil dólares.
El decreto lleva la firma de la presidente, Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich; el canciller, Héctor Timerman; el ministro de Economía, Axel Kicillof y el de Justicia, Julio Alak.
“El Gobierno de la República Argentina se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para realizar, a la mayor brevedad posible, una actividad académica relacionada con la problemática vinculada con la interacción y articulación entre el Estado Federal y los Estados Provinciales en materia de cumplimiento de obligaciones asumidas internacionalmente”, dice el acuerdo amistoso firmado en 2008.
El acuerdo de solución amistosa implica que los familiares del hombre fallecido “renuncian, de manera definitiva e irrevocable, a iniciar todo otro reclamo de naturaleza pecuniaria contra el Estado Nacional en relación con el presente caso”.
Con este acuero el Estado Nacional reconoce su “responsabilidad internacional”. El ministerio de justicia enfatizó en que, si bien la responsabilidad primaria en los hechos cabe ser atribuida a la Provincia de Buenos Aires, en el caso en especie, “… están dadas las condiciones para que la Cancillería prosiga con el trámite de la solución amistosa, mediando un expreso reconocimiento de la responsabilidad objetiva del Estado Nacional”.