Al fundamentar su solicitud judicial, Sigaldenunció que “el Poder Ejecutivo congeló la cifra ocupo asignado en cada unidad educativa” y que “tambiénse paralizó el coeficiente de dinero asignado por cadaunidad integrante de cupo, es decir el monto de dineroasignado por cada escolar asistido”.
“Dicho coeficiente, desde hace tres años, quedóclavado en $0,10 por cada copa de leche, $0,30 porcada merienda reforzada y $0,60 por cada almuerzo”,precisa el escrito al que tuvo acceso Diariojudicial.com.
Asimismo se señaló que al no actualizarse estosrecursos financieros para los comedores “surge laposibilidad de que la Provincia esté violando la base sobrela que se organiza la educación, donde el estado tienela indelegable responsabilidad en la promoción deiguales condiciones y posibilidades de todos los niñosy garantizar la gratuidad y equidad de la educaciónpública estatal” citando a la vez que estos principiosestán contemplados en la constitución provincial.
Según el legislador “la ley provincial deeducación (Nº 11.612) establece en su artículosegundo que la Dirección General de Cultura yEducación tiene la responsabilidad principal eindelegable de garantizar el derecho a la educación detodos los habitantes proveyendo de los servicioscorrespondientes, asegurando el libre acceso,permanencia y egreso en igualdad de oportunidades yposibilidades”.