Senado: sin apuro y sin acuerdo

La discusión sobre los bienes incautados de personas que cometieron hechos ilícitos es de larga data: hace años se planteó la posibilidad de que esos elementos tengan un fin redistributivo. Pero aun así, cuesta que los legisladores se pongan de acuerdo en cuanto a dónde deben dirigirse las evidencias de valor secuestradas.

 

En una reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Seguridad Interior y Narcotráfico y Legislación General del Senado, los integrantes de estos órganos legislativos no pudieron llegar a un acuerdo y, por lo tanto, los cuatro proyectos de ley que se presentaron en este sentido terminaron sin dictamen, aunque una reunión entre los asesores prevista para este jueves puede destrabar las diferencias. Se llevará a cabo un nuevo encuentro entre los senadores la semana que viene.

 

Las propuestas sobre la extinción de dominio sobre los bienes trataban acerca de la regulación de los procesos en este sentido cuando el accionante es el Estado, sobre los que están relacionados con investigaciones criminales, con los haberes vinculados a casos de narcotráfico, trata de personas, crimen organizado y delitos de corrupción, y uno sobre el uso de estos elementos para que formen parte de un fondo que financie programas contra la drogadicción.

 

En el proyecto presentado por el senador Rubén Giustiniani (FAUNEN), relativo al uso de los bienes para financiar campas antidrogadicción, se precisó que “es imprescindible implementar herramientas legales que, sin renunciar a la persecución penal de los criminales, avancen sobre las riquezas generadas por esta actividad ilícita y favorezcan la recuperación de dichos bienes para el Estado”.

 

“Las respuestas tradicionales al delito, tales como las penas privativas de libertad y las multas, se han revelado en este sentido como poco eficaces contra el crimen organizado. Por ello, un complemento esencial de ellas es actuar decididamente contra los bienes (y no sólo contralas personas). Y en esta estrategia cobran sin dudas especial protagonismo las herramientas de decomiso, comiso y extinción de dominio de tales bienes y riquezas”, añadió el legislador.

 

En tanto, la propuesta del senador Gerardo Morales (UCR) que busca regular la acción del Estado en este sentido precisa en sus fundamentos que “el tipo de regulación propuesta en el presente proyecto, está contemplada, por ejemplo, en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que en su artículo 54 insta a los Estados Parte a adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados”.

 

La iniciativa presentada por Aníbal Fernández y Manuel Urutubey (ambos FpV) busca “establecer un mecanismo para optimizar la administración y realización de bienes incautados que pudieran provenir de un injusto penal en el transcurso de una investigación criminal”.

 

“La modificación propiciada se basa en la necesidad de adecuar en forma armónica la legislación vigente en materia de incautación y decomiso de bienes, estableciendo un procedimiento ágil, que permita evitar el uso de los beneficios económicos o de otro orden material obtenidos como consecuencia de la realización de conductas delictivas”, precisaron los legisladores.

 

Finalmente, el proyecto presentado por Gabriela Michetti y Diego Santilli (ambos PRO), establece que hay que “generar una herramienta para atacar con contundencia el punto más sensible al crimen organizado, el cual es el factor económico de la trama del delito”.

 

“La creación de un proceso de extinción del dominio sobre los bienes utilizados y/o adquiridos por la comisión de los delitos de narcotráfico, trata de personas, asociaciones ilícitas en general, permitirá quitarle esos recursos a estas organizaciones delictivas”, explicaron los integrantes de la Cámara Alta.