El juez federal Juan José Galeano aguardaba en las últimas horas una resolución por parte de la Cámara Nacional de Casación respecto de un recurso interpuesto por la defensa del abogado Juan Botegal, involucrado en una maniobra de extorsión contra Telleldín, para elevar lo actuado a juicio oral y publico, sin perjuicio de lo cual proseguirán las investigaciones.
Asimismo, según confiaron distintas fuentes cercanas a la causa, en los próximos días el magistrado ordenará la reconstrucción del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, en el que murieron 86 personas.
Respecto de Botegal, éste fue procesado por el delito de extorsión, por haberse comprobado durante la instrucción, su participación en la maniobra por la cual personal de la Brigada de Vicente López le exigió a Telleldín la entrega de una embarcación a cambio de recuperar la libertad.
Un tribunal Oral juzgará este año a los policías bonaerenses involucrados junto a Telleldín en la entrega de la camioneta Trafic, utilizada como coche bomba para cometer el atentado, participación que los compromete en los hechos ocurridos hasta el 10 de julio, donde el utilitario fue dejado estacionado en una playa de estacionamiento sobre la calle Paraguay.
El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rogelio Cichowolski, reiteró hoy la preocupación de la comunidad porque, durante la substanciación del juicio oral, se produzcan actos de amenazas o intimidaciones, a la vez que admitió que "no podemos estar satisfechos" por los resultados de la investigación llevada a cabo hasta que no se conozcan a los autores e instigadores del atentado.
"Hay baches importantes en este tramo de la investigación que será elevada a juicio y en la búsqueda de la autoría ideológica", advirtió a la vez que manifestó su esperanza en que se pueda avanzar.
Cichowolski y otros representantes de entidades judías se reunieron ayer con el Secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, y con los jefes de distintos organismos de Seguridad, con el propósito de "establecer una pauta de conducta para que no se genere alarma" ante amenazas que puedan recibirse y cobre estado público antes de ser chequeadas.
El dirigente explicó a Diario Judicial que la comunidad cuenta con una oficina de "Asistencia Comunitaria" encargada de chequear la verosimilitud de los actos intimidatorios contra los edificios de su órbita, incluida la nueva sede de la Amia, en Pasteur al 600, donde “sabemos que la seguridad es absoluta".
"De la amenaza de diciembre nosotros fuimos los últimos en enterarnos, porque primero lo hicieron los medios y existen formas de evitar la alarma que se generó", señaló.
En otro orden de cosas, Cichowolski ratificó la convicción respeto de la autoría de los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel por parte del grupo terrorista libanés Hezbolah, y su estrecha vinculación con el gobierno iraní.
En ese sentido, relativizó las versiones referidas a que ese grupo armado responde a las directivas de Siria, y que ese vínculo fue ocultado por las relaciones que el anterior gobierno de Carlos Menem mantenía con las autoridades de ese país.
"Sabemos que hay un apoyo sirio, pero también sabemos que hay un apoyo de Irán. Hay un sesgo de involucrar al gobierno sirio, pero la responsabilidad fundamental es de Irán", sentenció.