La Justicia en lo CAyT de la Ciudad ordenó al gobierno porteño abonar a una empresa de seguridad privada $216.000 por servicios realizados en una biblioteca del barrio de La Boca durante la gestión de Aníbal Ibarra.
Marcelo López Alfonsín, titular del juzgado N°18 en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad, ordenó al gobierno porteño a que pague por los servicios realizados de una empresa de seguridad privada en una biblioteca en el barrio de La Boca entre noviembre de 2001 y mayo de 2004.
La empresa de seguridad Albor Seguridad SRL recurrió a los tribunales locales y demandó a la administración comunal por no haber recibido el pago por los servicios prestados en la Biblioteca Joaquín V. González. La actividad de la empresa fue desarrollada durante varios años de la gestión de Aníbal Ibarra al frente del Gobierno porteño.
Pero el GCBA sostenía que “el contrato sobre cuya base se efectuaron las prestaciones resulta nulo y, en consecuencia, debe ser dejado sin efecto”. La empresa, por su parte, argumentó que “los servicios fueron prestados” y que “no obstante haber cumplido por entero con las obligaciones a su cargo” la Ciudad cayó en mora.
“Existió vínculo contractual con la demandada para la prestación del servicio de seguridad en la sede de la Biblioteca Joaquín V. González entre el 17 de septiembre de 1999 y el 18 de mayo de 2004”, dice el juez en la sentencia.
Al tiempo que consideró que también “el contrato celebrado entre Albor Seguridad S.R.L. y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resulta nulo de nulidad absoluta” debido a la omisión de los procedimientos establecidos para las contrataciones con el estado.
No obstante ello, para el juez, “la declaración de nulidad no genera derecho a indemnización”, pero sí el pago por los servicios prestados: “Ha quedado demostrado que los trabajos prestados por la actora resultaron necesarios para la prestación del servicio público a cargo de la Administración” por lo que “los importes de la facturación reclamada resultan razonables”.
El Gobierno de la Ciudad deberá pagar a la empresa de vigilancia 216.057,60 pesos, más los intereses generados “desde el momento del inicio de la mora y hasta la fecha de su efectivo pago”.