Un joven se prendió fuego en una celda y ardió troya

Esta semana murió un joven, llamado Diego Borjas, quien estando en una celda de aislamiento en el instituto Luis Agote, se prendió fuego. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) anticipó que pedirá la intervención de la Corte Suprema en el caso.

Además indicaron en una conferencia de prensa realizada el jueves pasado por la tarde en la sede de la procuración que se trata de un hecho de una “gravedad extrema” que deberá ser investigado en forma rápida y de manera exhaustiva para sancionar a los funcionarios responsables. Además de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), estuvieron presentes representantes de la Fundación Sur, el CELS y de Amnistía Internacional Argentina.

“Lo que nos interesa enfatizar es que estos hechos deben prevenirse en vez de lamentarse, y no existe medida más efectiva para prevenir torturas y malos tratos que garantizar que organismos independientes —como la PPN— controlen periódicamente y sin restricciones las condiciones de detención en esos lugares”, dijo Francisco Mugnolo, titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

Laura Musa, ex Asesora General Tutelar porteña, por la Fundación Sur quien afirmó que acompañaban “…no solo en el plano de la acción judicial sino también en una lucha muy seria porque queda en el mundo de la oscuridad la cuestión de los jóvenes privados de la libertad…”.

En tanto que Eva Asprella, representado al CELS, pidió "que se implemente ya el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura para que se ponga en práctica y también que se abran las puertas de estos centros para el ingreso de la sociedad civil y los organismos públicos…”.

Leah Tandeter, quien representó a Amnistía Internacional Argentina, explicó que no solo hay que abrir las puertas sino que también es necesario elaborar información y estadísticas ya que es muy grave que no se sepa cuantos son los niños detenidos en estos lugares.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) le ha negado "arbitraria y sistemáticamente" a la PPN el acceso a los centros de detención de personas menores de edad, como el Agote, según reclama la PPN.

Este medio dio cuenta semanas atrás de una sentencia de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que, por mayoría, revocó un fallo que le ordenaba a la SENNAF dejar ingresar a la PPN en los institutos de menores para que cumpla con sus deberes de control en esos lugares.

“No pasó una semana desde aquel controvertido fallo y los dichos de estos jueces fueron desmentidos de la manera más trágica, brutal y elocuente con la muerte de Diego Borjas, un adolescente alojado en un lugar prohibido, en condiciones inhumanas y sometido a una sanción ilegítima, según las propias normas de la SENNAF”, dijo Mugnolo.

Uno de los argumentos que utilizaron los jueces Catucci y Riggi para desvirtuar las prerrogativas de la PPN, es que no había ninguna situación de urgencia que reclamara el control de la PPN, pues no existirían violaciones de los derechos de los niños detenidos.

La PPN solicitará la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que le ordene a la SENNAF, con la mayor celeridad posible, que cese con sus maniobras de obstaculización de las tareas de control que la PPN debe realizar en cumplimiento de las obligaciones que surgen del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y las leyes locales que lo reglamentan.

Asimismo se presentará como querellante en la causa en la que se investiga la muerte de Diego Borjas y “recurrirá a organismos internacionales para denunciar los obstáculos que se verifican en nuestro país para implementar un mecanismo de prevención de la tortura que proteja también, y fundamentalmente, a aquellos que más lo necesitas: los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad”, explicaron desde el organismo.