Carlés respondió todas las consultas que le hicieron los integrantes de la comisión, principalmente las impugnaciones que le efectuaron los senadores Laura Alonso (Pro) y Gerardo Morales (UCR). El principal cuestionamiento que se le hizo fue que no cumplía con la exigencia de la idoneidad técnico-jurídica que debe tener un miembro de la Corte. En otro punto, también se hizo referencia a que, en caso de designarlo, no se respetaría el cupo femenino en la Corte, ya que sólo Elena Highton de Nolasco representaría al género.

El candidato propuesto por el oficialismo para ocupar la vacante que dejó Raúl Zaffaroni el 31 de diciembre de 2014 cuando se jubiló, estuvo sujeto a una infinidad de preguntas que fueron desde cuestiones “constitucionales” – las que estrictamente debería resolver la Corte – pasando por la impugnación que le hizo el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por haber puesto que fue asesor cuando en realidad no fue así y su trayectoria académica en general. La cuenta de Twitter de “Todo sobre la Corte” lo graficó así: “Parece un examen final de Constitucional, con alguien que no estudio la bolilla”.

Carlés calificó a esta Corte Suprema como “la mejor de la historia”, y fundamentó esa aseveración citando fallos como “Badaro”, al referirse al rol activo del Máximo Tribunal para implementar derechos sociales. “En una Corte como la que hemos tenido en los últimos años no temo calificar como la mejor Corte Suprema de nuestra historia. Ha habido algunos pronunciamientos históricos”, manifestó el candidato. También se pronunció sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia, la participación ciudadana en la justicia, pedidos de acceso a la información y derechos de los pueblos originarios.

En cuanto al funcionamiento del Alto Cuerpo sugirió que habría que facilitar su “funcionamiento interno" y "hacerlo mucho más ágil". Reconoció que la Corte Suprema “está activa” con cuatro miembros pero advirtió que la  ley exige que funcione con cinco.

El candidato no omitió pronunciarse sobre un tema sensible como el pago de impuesto a las ganancias por parte de los magistrados. Al respecto, sostuvo que “os jueces, como cualquier ciudadano deben pagar Impuesto a las Ganancias”,  e hizo referencia a la Acordada de la propia Corte Suprema gracias a la cual los integrantes del Poder Judicial están exceptuados de pagar ese tributo.

“La acordada fue emitida muy poco tiempo después de que la ley eliminara la exención prevista para jueces y funcionarios del Poder Judicial. Esto tiene, como es evidente, una doble gravedad: viola el principio de igualdad, hay una clase de funcionarios que no pagan este impuesto; y porque además, por medio de una acordada, se ha establecido la no aplicación de una ley. Es un precedente de suma gravedad”, señaló Carlés, aunque también aclaró que había que diferenciar de jueces y funcionarios el caso de los empleados judiciales, para quienes “debería preverse y consensuarse mecanismos para la aplicación progresiva de este impuesto”.

No estuvo ausente de la sesión el conflicto suscitado a raíz de la impugnación que le hizo el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a la postulación del ex Coordinador de la Comisión que elaboró el Anteproyecto de Reforma del Código Penal de la Nación. Carlés había puesto en su currículum vitae como experiencia laboral que en el año 2004 había prestado tareas como “asesor” en el CPACF, pero la entidad que nuclea a los profesionales del derecho en la Capital lo desmintió, aduciendo que Carlés fue pasante, y que sólo los abogados matriculados pueden ejercer ese cargo.

Tal como analizó Diario Judicial en la edición de ayer, Carlés también fue escrutado respecto del ejercicio de la profesión. Se le consultó si los ocho años de ejercicio exigidos podían ser “meramente” académicos, a lo que Carlés respondió que no era su caso ya que realizó otras tareas, como en la elaboración del Código Penal. “Me gustaría que también se me valore por eso”, reprochó.

El tema de la experiencia de Carlés fue recurrente, el candidato aclaró que nunca litigó, ni en Argentina ni en el extranjero, pero que ejerció la profesión “como jurista en tareas de investigación”. A su favor, el senador Miguel Ángel Pichetto (FPV) refirió a que Julio Oyhanarte tampoco tenía experiencia y fue designado como integrante del Máximo Tribunal joven (tenía 37 años, es el más joven en llegar a ministro , en caso de que Carlés – de 33 - acceda al cargo, lo superará).

El 15 de abril se sellará su suerte, si ese día dos tercios de los miembros presentes del Senado prestan acuerdo para que sea designado, acompañará a Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt en la tarea de ser el “guardián último de la Constitución”.