Anabel Fernández Sagasti es abogada, diputada nacional por la provincia de Mendoza e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. En este reportaje con Diario Judicial, Sagasti opinó sobre el debatido nuevo sistema de subrogancias, la instrumentación del Código Procesal Penal y la necesidad de avanzar en la reforma del Código Penal de la Nación.
Desde su jura en marzo de este año en reemplazo del diputado Eduardo de Pedro, ¿Cuál cree que puede ser su contribución como integrante del Consejo de la Magistratura?
Ha habido muchas cuestiones importantes en el Consejo de la Magistratura, sobre todo el tema de las causas por delitos de lesa humanidad. Yo creo que el Consejo tiene un rol fundamental en dar señales claras, ya que el Cuerpo debe seguir las causas y juzgar a los responsables pase lo que pase después del 10 de diciembre. Desde esta perspectiva, los legisladores podemos darle al Consejo una visión menos cooperativa de lo que es el Poder Judicial y eso creo que es la riqueza del Consejo, donde están varios extractos representados.
Durante el Plenario algunos consejeros criticaron la decisión de apartar a los jueces subrogantes del juzgado federal 1, Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet, y nombrar provisoriamente al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, ¿Cómo lo analiza?
En este caso nosotros no los removemos, sino que la Cámara de Bahía Blanca envió dos comunicaciones elevando el tema de las subrogancias al Consejo de la Magistratura. Entendimos que era pertinente no ratificar esas subrogancias y nombrar a un juez de la jurisdicción, esa es nuestra interpretación del reglamento y de la ley. Tenemos muchas denuncias al respecto, y luego seguirá su curso en la Comisión de Acusación. Nosotros no podemos tomar decisiones sino en un contexto; la realidad en la jurisdicatura de Bahía Blanca pesó. Pensamos que la salida de Ulpiano Martínez iba hacer que las cosas vayan por un curso normal y, por otro lado, sabemos que tenemos que seguir trabajando en la jurisdicción. Algunos consejeros venimos charlando el tema hace bastante tiempo.
En su opinión como consejera, ¿Cuáles son las ventajas del nuevo sistema de subrogancias aprobado recientemente?
Principalmente el Consejo tiene un rol fundamentan en la nueva ley de subrogancias. Lo que viene hacer la nueva normativa es tomar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y poner en una sola ley todo lo que se fue realizando. Lo que hicimos fue ordenarlo para que no haya contradicciones. Era necesario y, de esta forma, lo que tratamos de hacer desde el Congreso es darle todas las herramientas posibles al Poder Judicial de la Nación para que sea más ágil, con mayores garantías y más cercanos a los ciudadanos. Tenemos un gran problema con las subrogancias en muchas jurisdicciones; yo contaba el caso de Mendoza en donde hay subrogancias de las subrogancias, y se da la casualidad de que se excusan por estrés en las causas de lesa humanidad. Hay que terminar esto, ya que retrasa el servicio de justicia porque están desbordados. Por ejemplo, en Mendoza tenemos cinco vacancias en las Cámaras, tres en el TOC, y otros en los juzgados. La ley tiende a que haya magistrados subrogantes que se dediquen a un solo juzgado o dos si se eligen jueces, pero que se agilice la Justicia. Nosotros tenemos que mirar al justiciable y no solamente a los operadores de la Justicia.
¿Cuál es su postura respecto a las necesidades que presentan algunas dependencias judiciales?
Hace poco aprobamos un convenio como una salida alternativa al Consejo de la Magistratura. El problema central que tenemos es que la administración de los recursos no lo tiene enteramente el Consejo, por ejemplo, la Corte no coparticipa las tasas. Me pareció una solución inteligente para tratar de buscar soluciones alternativas y, de esta manera, el convenio va abrir puertas. La solución definitiva es que la administración pase enteramente al Consejo de la Magistratura, y es una discusión que tenemos que saldar. En Santa Cruz no tienen calefacción, en los Juzgados de La Plata tienen letrinas; todo es para bien de los trabajadores del Poder Judicial. Yo espero terminar con esta discusión lo más prontamente posible.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para instalar en Santa Cruz la Cámara Federal de Apelaciones, ¿Cuál es su postura sobre la cuestión?
Yo tengo una visión política y otra como consejera. Por un lado, en general el interior y sobre todo las provincias de la Patagonia tienen una característica geográfica especial, ya que hay pueblos muy aislados los unos de los otros, algo que no pasa tanto en las provincias centrales. Yo como representante de una provincia del interior entiendo esa lógica, lo que pasó en el caso de Piedra Buena era que nosotros estábamos obligando a los habitantes de Tierra del Fuego a que su jurisdicción sea Comodoro Rivadavia.
Y respecto a las críticas por cantidad de habitantes y la lejanía de las otras ciudades…
No comprendieron que en esa ciudad se va a desarrollar un polo energético y, por lo tanto, va haber un crecimiento estratégico a través de las dos represas que se van a construir. Estamos viendo a futuro creando la cámara, además que es una cuestión de justicia. En el Senado salió por unanimidad, creo que hay una cuestión política y no técnica.
Desde su visión, ¿Cuáles cree que son las ventajas del nuevo Código Procesal Penal de la Nación? ¿Cree que tiene alguna desventaja o falencia?
Recientemente sancionamos las leyes de aplicación. Es una deuda que tenemos los legisladores argentinos desde que la Corte Internacional de Derechos Humanos sentenció al país por el caso Bulacio, por falta de justicia y celeridad y, de esta forma, obligó a cambiar el sistema procesal. En primer lugar, estamos cumpliendo con una sentencia de 2003 y, en segundo lugar, hace a las garantías constitucionales del debido proceso. Teníamos un procedimiento donde el juez investigaba y juzgada, y entonces los roles no eran los adecuados y la verdad es que no estaban garantizada la imparcialidad del magistrado. Desde ese punto de vista hemos avanzado muchísimo. Además, en mi opinión se va a tener que capacitar a los magistrados y los operadores sobre la oralidad, esto nos va a permitir que no aparezcan sentencias como la que le redujo la pena a un hombre acusado de abuso sexual de un nene. Ese caso es totalmente aberrante, a mi me llegaron muchos pedidos, y les explicaba que el Consejo de la Magistratura de la Nación no tenía jurisdicción sobre un juez provincial. No era la primera vez que tuvimos que llegar a una situación así para tomar riendas en la provincias, sin embargo esta vez llegamos tarde porque se re victimizó a un menor. Todo se podría haber evitado si se hubieran encendido las alarmas en las sentencias anteriores, y la verdad que habla mucho del Poder Judicial que tenemos y eso es lamentable. Es un Poder que todavía que no hace una introspección y mea culpa. En este sentido, el Consejo tiene que aportar a la legitimidad del Poder Judicial, ya que hoy en la sociedad no está legitimado por un montón de varias, como por ejemplo estas sentencias. El Consejo tiene un rol central en tratar de aportar a la legitimidad y, de esta forma, tomar las decisiones justas y en los tiempos adecuados.
También se cuestionó la progresividad y los tiempos de implementación…
El proyecto original preveía como fecha el 1 de septiembre y finalmente se determinó el 1 de marzo de 2016. Creo que es un tiempo prudencial para aplicarlo en toda la Justicia Nacional, ya que los fiscales, jueces y operadores tienen que capacitarse. Por ejemplo, la procuraduría está capacitándose hace bastante más tiempo previendo la sanción del Código. Yo acompañé la decisión de que sea la Justicia Nacional, ya que son la mayor cantidad de justiciables los que viven acá y, de esta forma, me pareció que era lo más atinado. La discusión era muy técnica, porque se hace progresivamente la implementación de un Código en toda la Argentina y vamos a ir aprendiendo con la marcha. Estuvimos reunidos con jueces, secretarios, fiscales y trabajadores y, de esta forma, hemos recogido miedos, sugerencias, experiencias. Creo que ha salido una implementación consensuada. Por otro lado, el control quedó en el Poder Legislativo, lo que me parece muy bueno.
En cuanto al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ¿Cuál cree que es su importancia?
Son cambios estructurales grandes. Es un Código Civil que refleja la sociedad donde vivimos, ya que el código de Vélez Sarsfield es de época y reflejó los lineamientos políticos y sociales que reinaban en esa época. Hoy vivimos una época de garantía de derecho y eso es lo que se refleja. No puede ser que la convivencia no estuviera reglada o que la mujer estuviera relegada en cuanto al apellido de sus hijos. En este sentido, refleja una sociedad plural y que garantiza derechos. Por otro lado, la técnica legislativa es muy buena, accesible a que cualquier ciudadano lo entienda y comprenda. Es excelente y va a perdurar por muchos años, por ello debemos valorarlo. Fue una construcción muy rica, ya que lo hicieron dos miembros de la Corte, especialistas como Carlucci y se realizaron más de 19 audiencias. En este sentido, los abogados nos tendremos que poner a estudiar.
Después de la reforma del Código Civil, ¿Es necesario avanzar sobre un nuevo Código Penal?
Creo que es muy necesario, pero las mezquindades políticas han hecho que no podamos tener una discusión madura sobre el Código. Todos sabemos que el Código actual está retocado, tocado por todos lados, pero debe tener una sistematicidad, un hilo conductor y congruencia desde el primer artículo hasta que termina. Sin embargo, con las leyes Blumberg lo destrozaron. Desde ese punto de vista, algunos que están preocupados por la inseguridad deberían entender que tener un Código sistematizado y congruente ayudaría a que no haya contradicciones jurídicas ni que haya libre interpretación dependiendo del juez que te toque tanto como víctima o victimario. Hoy tenemos un sin número de leyes por todos lados. En mi opinión, el pre proyecto,donde estuvieron representadas las fuerzas del país, podía ser opinable pero que no tengamos la madurez política de analizar qué es lo mejor no me parece que esté bien. Además, es muy necesario para que el ciudadano no tenga que salir a buscar una ley perdida y, por otro lado, para los jueces en su aplicación.
Recientemente presentó un proyecto de modificación de la Ley N°26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ¿En qué consiste?
El año pasado presenté un proyecto sobre el protocolo policial, ya que cuando una mujer va hacer la denuncia a la comisaría tiene una re victimización, entonces pensamos que lo mejor era generar un protocolo de actuación policial en casos de violencia de género. Ahora presentamos otro sobre la rehabilitación del violento, porque también sabemos que por más que una pareja se separe el violento sigue siendo violento, y esa violencia la réplica a otra pareja. De esta forma, buscamos incorporar al proceso, como medida preventiva y urgente, el tratamiento. Por otro lado, también resguardamos el principio de inocencia, pero tenemos que atacar el problema de raíz, es decir, el sujeto violento.
Como presidenta de la Comisión de Legislación General, ¿Hay algún tema que tenga prioridad en la agenda?
El objeto de la Comisión de Legislación General son temas civiles y comerciales y, por otro lado, todo aquello que no tenga tratamiento específico en otra comisión. Actualmente el Código es la "vedette", y antes de que salga no lo vamos a cambiar. Pero si estamos hablando sobre cuestiones del consumidor, como las aseguradoras y tarjetas de crédito.