La postura de la Justicia porteña podría ser ratificada en próximo miércoles, cuando el Tribunal Superior vuelva a tratar en acuerdo la evolución del entredicho que mantiene con la Cámara Nacional Electoral, que obligó el jueves último a la intervención de la Corte Suprema de la Nación.
Según voceros consultados hoy por Diario Judicial, la controversia surgió por "una mala interpretación" de la acordada en la que se solicitaba la colaboración de la Secretaría Electoral, en lo referido a la confección y depuración de padrones.
"Nosotros estamos de acuerdo con que los padrones sean actualizados en una primera etapa por la Secretaría Electoral, porque son ellos los que cuentan con la infraestructura para hacerlo, y creemos que no va a haber conflictos porque está claro en la acordada de la Cámara Electoral que la organización y ejecución es de exclusiva responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", expresaron los voceros.
Sin embargo, las fuentes atribuyeron el conflicto a los "resquemores de los jueces que temen que su tarea se desjerarquice" y a "la presión de los empleados de la Justicia Electoral por el pago de horas extraordinarias, pactadas en un convenio con el que no cuentan los demás fueros. Eso jamás lo aceptaremos".
En ese orden de ideas, los voceros comunales explicaron que, de todas maneras se va a firmar un convenio para la prestación de los servicios de depuración y actualización de los padrones, y que los gastos "se abonarán a partir de un monto que se determine a través de un acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
Otro de los puntos conflictivos que el tribunal presidido por Ana María Conde planteó el viernes al presidente de la Corte, Julio Nazareno, durante una reunión en el despacho del alto magistrado, es la reticencia de la Cámara Electoral a suministrar los padrones de extranjeros radicados en la Capital Federal.
Sucede que el jueves pasado la Legislatura porteña aprobó una norma por la cual quedan habilitados para votar los extranjeros que tengan tres años de residencia comprobada en su territorio, sin que sea necesario el cambio de ciudadanía. Esa norma fue dictada en consonancia con la que rige en el orden nacional.
La Cámara Nacional no quiso, según las fuentes, entregar ese Registro al tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Probablemente, la Corte se pronunciará favorablemente, en las próximas horas, a los reclamos de la justicia porteña.