El Tribunal superior de Justicia de Córdoba dispuso la cesantía de seis oficiales de justicia que se desempeñaban en la oficina de Oficiales de Justicia dependiente de la subárea de Documentación e Información Pública del Poder Judicial de la Provincia, luego de que un sumario administrativo haya determinado que los agentes cobraban “aranceles” a martilleros públicos y abogados para hacer efectivos desalojos, embargos o intervenciones de caja, todo ello, por fuera de las tasas fijadas para la ejecución de esas mandas. Según informa el matutino "La Voz del Interior", la causa se inició luego de una denuncia del titular del Colegio de Martilleros local ante el medio "Comercio y Justicia", donde daba cuenta de que los oficiales cobraban "tarifas extra" para secuestros prendarios, desalojos y por constataciones. El diario dio cuenta de que para los desalojos se cobraban hasta $5.000 y que las "tarifas" se duplicaban en vísperas de una feria judicial, feriados, o fines de semana largos.