Se trata de una investigación contra el presidente y el secretario de la comuna de Estación General Paz, y los apoderados de dos empresas que prestaban el servicio de fotomultas para la comuna. Según la pesquisa, llevada adelante por en lo Penal Económico, Ana María Lucero Offredi, se habría cobrado ilegalmente infracciones de tránsito a través del sistema de fotomultas, puesto que "el ente comunal no contaba con la autorización necesaria de la autoridad administrativa para la instalación y funcionamiento del sistema de fotomultas, cuando contrató a las empresas mencionadas". En su resolución, la magistrada también precisó que "la actividad de control de tránsito llevada a cabo en la modalidad descripta era ab initio ‘nula’, y por ende, ilegales las exigencias de cobro nacidas a partir de ella".