El Ministerio de Justicia oficializó la ampliación del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica. Así, se extenderá su ámbito de delimitación poblacional y geográfica a todas las personas privadas de libertad en condiciones de acceder al arresto domiciliario que tengan domicilio en el país.
El subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahíques y el Director Nacional de Readaptación Social de esa Subsecretaría, Matías de Sanctis, presentaron la ampliación del “Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica”.
Mediante la Resolución 86/2016, el Ministerio de Justicia amplió el ámbito de delimitación poblacional y geográfica del Programa, a los fines de que “no se circunscriba únicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Partidos de la Provincia de Buenos Aires, sino que alcance también a las personas privadas de libertad en condiciones de acceder al arresto domiciliario que tengan domicilio dentro del país”.
El Programa está previsto para “toda persona adulta, condenada o procesada por la Justicia Nacional o Federal que se encuentre privada de su libertad, en condiciones de acceder al arresto domiciliario y que tenga domicilio en nuestro país”.
"Se ha constituido como una herramienta fundamental para mejorar la vida de las personas que cumplen una medida restrictiva de la libertad bajo vigilancia electrónica, mitigando el impacto negativo de la privación de la libertad y promoviendo una mayor integración de las personas afectadas con su núcleo familiar y la comunidad".
Además, el Programa tendrá a su cargo la capacitación de los operadores encargados de llevar a cabo su implementación en cada una de las jurisdicciones. “La implementación, al velar por el mantenimiento de los lazos sociales y familiares de las personas privadas de libertad, contribuye a generar las condiciones para su reinserción en el tejido social”, añadió.
“A través del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación busca poner a disposición de los distintos operadores del sistema judicial una herramienta de control efectivo que permita pensar el arresto domiciliario como una alternativa cierta a la pena de prisión, en tanto garantiza a los jueces el conocimiento de que la persona está en el lugar de detención o, en su defecto, que transgredió las condiciones del arresto”, manifestó el subsecretario Juan Bautista Mahíques.
Al respecto, Mahíques subrayó: “La responsabilidad primaria del Programa, aquello que considero un verdadero plus, está dado por el abordaje psicosocial que un equipo de profesionales hará con los internos con el claro objetivo de promover sus derechos”.