A días del inicio del Jury de Enjuiciamiento contra Raúl Reynoso, el juez federal presentó su renuncia. Ahora será el turno del Poder Ejecutivo, el que tendrá que decidir si acepta o no su dimisión. Si accede, el juez quedaría sin fueros y podría ser detenido en la causa donde se investiga la presunta “protección a narcotraficantes a los que habría beneficiado con la excarcelación a cambio de dinero”.
En diciembre pasado, el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó la suspensión y apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación contra el juez federal de Salta, Raúl Reynoso. El magistrado está acusado por presunto “mal desempeño en sus funciones".
En este marco, el juez presentó su renuncia ante la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En el escrito alegó "cansancio moral”.
En diálogo con La Gaceta de Salta, el magistrado expresó su "preocupación" ante una posible detención y manifestó que “se estaba realizando estudios médicos porque su salud se había deteriorado por su procesamiento”.
El expediente N°121/2015, caratulado “Mazzutti, David Ramón c/Dr. Reynoso, Raúl Juan”, se inició a raíz de la denuncia formulada por David Ramón Mazzutti, quien le imputó "atropellos e ilegalidades a sus derechos constitucionales al ordenar y hacer efectiva su detención desde el 24 de diciembre de 2014 y por más de veinte días, sin requerimiento ni intervención del fiscal y sin ser anoticiado de los motivos por los cuales se lo privó de su libertad".
A lo largo del extenso dictamen acusatorio, el Consejo de la Magistratura destacó que "el juez inició una investigación penal de una manera ilegal y abiertamente contraria a disposiciones que emergen del Código Procesal Penal de la Nación, ya que omitió dar intervención al Ministerio Público Fiscal”.
Asimismo, se lo acusó de haber tramitado una investigación penal “desentendiéndose de un supuesto de excusación cual es ser la supuesta víctima de los hechos que allí se investigaba, según lo normado en los artículos 55, inciso 4°, 56 y 57 del Código Procesal Penal de la Nación”. Posteriormente, el juez se apartó de la causa, motivo por el cual continuó con su trámite el magistrado Julio Bavio, quien declaró la nulidad de todo lo actuado y dispuso la libertad de Mazutti.
Por su parte, los consejeros subrayaron que "ordenó la presunta producción de medidas de prueba sin impulso fiscal que fueron producidas a su instancia sin la observancia de las formas que establece el Código Procesal Penal de la Nación; tales como los informes de los empleados y funcionarios del Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán”.
En el expediente, Reynoso también está acusado de “haber dispuesto la intervención de fuerzas de seguridad federales, específicamente de Gendarmería Nacional en tareas de inteligencia para fines prohibidos con el consecuente dispendio de recursos y distracción de las tareas de seguridad que le son propias”.
Paralelamente, en el expediente Nº 133/2015 y su acumulado Nº 181/2015, caratulado “Cámara Federal de Salta s/ Rem. Expte. de Sup. 20/15 Roxana Natalia Britez s/ dcia”, se acusó al magistrado de haber llevado adelante “supuestas conductas enderezadas a recibir dádivas o sumas dinerarias directamente de manos de las personas que se encontraban sometidas a procesos radicados ante la judicatura que dirigía o de familiares de éstos, para dictar resoluciones favorables a los intereses de los imputados”.
El juez salteño está acusado de "soslayar sistemáticamente la participación del Ministerio Público Fiscal en instancias previas a resolver excarcelaciones, en procesos en los cuales se investiga la infracción a la Ley 23.737”, junto a “excesivas e injustificadas demoras en la tramitación de causas, generando con su conducta morosa y negligente un grave perjuicio al Estado Nacional y afectado la eficaz prestación del servicio de justicia”.
En dicha causa, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó los recursos planteados y, en consecuencia, confirmó el procesamiento del juez federal y otras siete personas por presuntamente "formar parte de una asociación ilícita que beneficiaba a detenidos por narcotráfico a cambio de bienes".
De este modo, el Tribunal confirmó la resolución del juez Julio Bavio, quien consideró a Reynoso “autor de nueve hechos de concusión -el cobro ilegal de sumas por parte de un funcionario en provecho propio- en concurso real y de seis hechos de prevaricato -fallar de modo contrario al derecho-, en concurso ideal”.
Así, el Instructor expuso que en el ámbito de actuación del Juzgado Federal de Orán, el juez “presuntamente organizó y lideró un grupo que bajo el ropaje de una actividad jurisdiccional lícita, inició su actividad ilegal para lo cual a través de distintas causas que tramitaban en la Secretaría Penal, la organización que lideró exigió -en provecho propio- dinero y otras dádivas a cambio de que se dicten resoluciones favorables a las personas que allí se encontraban imputadas”.
Ahora será el turno del Ejecutivo quien tendrá que decidir si acepta o no su renuncia. Si la acepta, el juez quedaría sin fueros y podría ser detenido. Sin embargo, si el Gobierno no acepta su dimisión, Reynoso deberá compadecer ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación.
Según fuentes del Cuerpo, “el día 2 de mayo comenzarán las audiencias en el procedimiento de remoción”. En caso de proseguir el trámite, la acusación será llevada a cabo por los consejeros Luis María Cabral y Adriana Donato, designados en representación del Consejo de la Magistratura.