Dju: ¿Cuál es las expectativa de la Asociación de Magistrados a partir del 10 de diciembre en el ámbito de la Justicia?
Madueño: Desde la perspectiva de la entidad que ya lleva mas de 70 años de vida, los cambios desde la conducción del país, los cambios desde la de la renovación de la Cámara de Diputados no son mas que acontecimientos que seguimos muy de cerca, pero como entidad judicial lo único por lo que podríamos estar pendientes es acerca de las reformas legislativas que se podrían producir y el seguimiento de esas reformas legislativas. Para los jueces, los cambios de gobierno no deben significar ni un cambio de postura ni un cambio de jurisprudencia, sino un conocimiento de las políticas que se puedan seguir, y particularmente en cuanto a los cambios legislativos. Se está hablando de modificaciones al Código Procesal para aumentar las penas o hacer un sistema más difícil o más rígido en cuanto al sistemas de excarcelaciones; ya ha habido modificaciones muy recientes en cuanto a los delitos culposos.
Ese es el seguimiento que nosotros hacemos, y además las expectativas que puedan darse en el ámbito del Mercosur.Nosotros venimos de una reunión en Brasil, donde se han reunido los jueces del Mercosur, para analizar estos temas comunes y vamos a seguir conversando a través de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Son temas que nos preocupan y, por supuesto, si a través de las decisiones políticas de los gobiernos de los países miembros del Mercosur se adoptan cuestiones tales como nuevas formas de resolver los conflictos que puedan darse, o un tribunal judicial para el Mercosur, o elaboración de normas comunes para todos los países integrantes del Mercosur a la manera de la Comunidad Europea son temas que realmente nos interesan.
Dju: También la pregunta acerca del futuro estaba orientada hacia los cuestionamientos que la Justicia recibió en los últimos años, hasta en sus más altas esferas, como lo es la Corte Suprema de Justicia.
Madueño: "parte de la dirigencia política ha apostado muy fuerte a la crítica, tanto a las decisiones que se adoptan a nivel de Corte como de otros tribunales inferiores a esa instancia.
Lo cierto es que yo creo que estas críticas, algunas hechas con mucha liviandad, son criticas a resoluciones fundadas en derecho, y en consecuencia habría que analizar todo el contexto de la causa, habría que analizar cada uno de los votos de los magistrados, tanto de la Corte como de otros tribunales que puedan haber fundamentado alguna decisión que es criticable o es objeto de crítica.
Yo no creo que esto signifique la necesidad de un cambio en la estructura del Poder Judicial, porque esto iría contra los principios republicanos, pero tampoco creo que esto vaya a cambiar la forma de actuar de los jueces, porque los jueces asumimos la responsabilidad de dictar sentencia y estamos comprometidos por nuestra propia opinión en los precedentes, y el tema de los precedentes, de la opinión ya consolidada en un tribunal o en un juez, son cosas difíciles de variar. Puede variar su criterio pero tiene que haber un fundamento y la opinión pública tendrá que aceptar o no, conocer los fundamentos del cambio de postura.
Lo cierto es que desde la Asociación de Magistrados no vemos la necesidad de modificar la integración de algunos de los tribunales, porque estos serán los que resuelvan las causas que les vayan llegando. Esto tiene que ver con supuestas denuncias de delitos. Esperemos que nos lleguen las denuncias para ver que asidero tienen, que entidad tienen para una investigación criminal y allí se seguirán las causas tal como se han seguido hasta ahora.
Realmente tendríamos que dividir las aguas.
Una cuestión es la crítica por parte de la dirigencia política, la campaña política, las elecciones, pero después de las elecciones, cuando las aguas se aquieten, ahí veremos si realmente hay responsabilidad por parte de algún juez, alguna razón, algún mérito para que sea sometido a juicio, ya sea político por parte del Congreso, en caso de los miembros de la Corte Suprema, o de cualquier otro tribunal. Ya se verán las responsabilidades de cada uno, pero generalizar no pienso que sea lo correcto.
Dju: ¿Se podría hablar de un proceso de autodepuración de la Justicia?
Madueño: Esto siempre ha sido así, lo que siempre ha ocurrido en el ámbito judicial: si hay un juez que ha incurrido en algún tipo de delito será juzgado, y allí en el ámbito de una investigación pediremos la separación del cargo, como ha ocurrido en muchos casos. Algunos se han sometido al jury y otros han renunciado antes que el jury tenga un pronunciamiento.
Esto en cuanto a los juicios de responsabilidad por los actos del juez. En cuanto al Consejo de la Magistratura hay un punto que es interesante destacar que va a cambiar, desde mi perspectiva, sustancialmente el caso de los jueces acusados por juicio político.
El jury, que es el tribunal de enjuiciamiento, tiene 180 días para pronunciarse. De manera tal que las expectativas que tiene la comunidad para conocer el grado de responsabilidad por mal desempeño por crímenes comunes o delitos cometidos en la función pública, van a ser ciertas en cuanto a una definición, en cuanto a un pronunciamiento concreto.
Lo cierto es que esto es importante porque hemos visto algunas ocasiones pedidos de juicio político que se han eternizado en el Congreso y esto significa algo que hemos sostenido hace muchos años, que es despolitizar el juicio político que es los mas sano que le puede ocurrir a la judicatura.
De tal manera que yo no veo ni tiempos de grandes cambios, sino que los grandes cambios tienen que venir por parte de la legislatura. Yo creo que hay muchos temas que están pendientes en el Congreso que la comunidad espera y los jueces tendremos que resolver conforme a las nuevas leyes. Uno de estos casos es el tema de la "probation". Creo que el Congreso tendría que analizar los últimos fallos de un plenario de la Cámara de Casación Penal, interpretando supuestos de suspensión de juicio a prueba y estamos esperando de acciones que se adecuen a los tiempos.
Dju: ¿Cuál es la actitud que la Asociación va a adoptar en el Consejo de la Magistratura en defensa de los jueces para los cuales se les pide juicio político por sus fallos?
Madueño: Hay una política que está siguiendo la Asociación que es de siempre, y que la ha llevado también a la Unión Internacional de Magistrados, que es la preocupación porque los jueces sean llevados a juicio político por el contenido de sus sentencias. Pueden estar o no equivocados al resolver, y para eso están los tribunales superiores que revisan las sentencias de los magistrados, pero eso de llevar al juez a una acusación por todo cuanto resuelvan conforme a derecho ...
Las (interpretaciones de la Ley pueden ser de distinto color y con distinto razonamiento, pero mientras sea una sentencia regular, una sentencia fundaban en derecho, mientras el juez haya ejercido sus potestades jurisdiccionales, y mientras ello no constituya un delito, por supuesto lo vamos a rechazar.
Habrá un juez que investigue y solicite la separación del juez por mal desempeño y allí estarán todas las causas en cuanto a su eventual juicio político.
El otro tema que nos preocupa y aparece recién en algunos criterios de la comisión de acusación del Consejo es el prestigio o el desprestigio que pueda tener un juez en la comunidad. A mi me parece demasiado peligroso como para llevar adelante un juicio político, o ser uno de los ítem que para el juez signifique un mal desempeño. Qué parámetros tenemos para decir que un juez está desprestigiado en la comunidad. Al juez se lo conoce por sus sentencias, por sus hechos y la sentencias sean buenas o malas tienen su corrección en los tribunales superiores.
Dju: ¿En qué caso se encuadraría el pedido del juicio político al juez Bustos Fierro que autorizó al actual presidente Menem a participar de las internas justicialistas.
Madueño: Es una resolución más que ha adoptado un juez. Una resolución que podía ser corregida, si es que tenía que se corregida por un tribunal de alzada. Para mi es uno de los casos que una sentencia regular fundada, mas allá de los contenidos políticos que pueda tener (que no es un caso que nosotros acá analizamos en la Asociación de Magistrados), es un caso que significa llevar a un juez al juicio político por el contenido de sus sentencias.
Dju: ¿Usted cree que en el seno del Consejo se puedan despertar intereses de sectores, como por ejemplo el caso de aquellos que quieran llevar a un juicio político a un juez porque su sentencia no responde a sus intereses o condicionar de alguna manera sus actos futuros?
Madueño: Cualquier ciudadanos puede ejercitar el derecho de peticionar. Cualquier ciudadano puede estar creído en que es correcto acusar a un juez por mal desempeño para llevar adelante un pedido de juicio político. Lo importante es el criterio de quienes llegan a determinar si hay mérito o no para llevar adelante o no el juicio político, y determinarlo con cierta precisión y ajustarlo a las normas constitucionales, por un lado. Por otro lado, sucede mas de una vez que junto con el pedido de juicio político se hace una gran publicidad y cuando se publicita uno advierte que hay otro interés detrás de esa publicación. El tema que fundamentalmente nos preocupa es cuando esto se hace conocer, se ventila ante el periodismo, se produce el escándalo, cuando no son caso que ameriten el juicio.
Más de una vez se articula el juicio político y es como si fuera un mensaje para los que van a revisar, ya sea las Cámaras o las Cortes, "miren como estamos recusando a este juez y si alguien confirma algo parecido, confirma esta resolución, también será sometido". Es un meta mensaje. Pero nosotros estamos acostumbrados a este tipo de maniobras y nos fortalecemos en este tipo de actitudes, porque nos inmunizamos.
Dju: ¿El caso de Bernasconi fue un caso mediático?
Madueño: No es un caso que nos preocupe como un juez llevado a juicio por sus sentencias. En esta causa hay una causa judicial, un juez que pidió la separación de este juez. En consecuencia, es el propio poder judicial que examina la conducta de sus pares, de otros jueces, y si considera que hay elementos para solicitar su juicio político, su desafuero y llevar adelante una investigación hasta las últimas consecuencias.
Son dos cosas distintas. Para nosotros, quien es acusado y tiene una causa criminal tendrá que aclarar su situación tanto ante el Congreso en este caso ante el senado de la Nación, y ante el juez que reclama su procesamiento. Puede ser también que el juez de la causa penal se haya extralimitado y se harán las apelaciones y el propio Senado dirá que no hay lugar para un juicio político.
Otra cosa distinta es lo que ocurre con el Consejo de la Magistratura. Acá ya no es el Senado sino el Jury que específicamente va a tratar los casos que se promuevan en el Consejo y allí habrá 180 días para que se pronuncie. De tal manera que hay mayores seguridades de un procesamiento en un tiempo breve, que también es importante para la comunidad y para el propio juez.
Dju: ¿En el poco tiempo de vida que tiene el Consejo de la Magistratura, el balance es positivo o habría que introducir modificaciones en su funcionamiento?
Madueño: Hace un año que estamos conviviendo con el Consejo de la Magistratura, de manera que naturalmente tiene que haber un reacomodamiento de análisis de los temas. Igualmente los consejeros, uno ha conversado con ellos, tienen la mejor buena voluntad por hacer lo mejor para el poder judicial ,y lo importante es que se integren al Consejo, más allá de ser abogados, políticos, jueces o académicos, estén compenetrados de la problemática judicial.
Esto no es fácil porque hay esferas distintas de actuación y esferas distintas de visión de la cosa. Nosotros tenemos una visión quizás un poco parcial, pero después de tantos años de vida judicial nos permite reconocer que hay un tipo de vida, de actuación, de razonamiento que es propio de todos los jueces. Cuando nos reunimos con todos los jueces del mundo coincidimos en los puntos fundamentales.
Estamos por firmar en unos pocos días en la Unión Internacional de Magistrados el Estatuto Internacional del Juez, elaborado por jueces de mas de 150 países y coincidimos absolutamente en lo que significa la dignidad del trabajo, su independencia, en la necesidad que los otros poderes -no solamente los poderes públicos, sino la comunidad- respeten lo que significa la independencia ; que el juez tenga una vida ética y haga respetar su independencia.Las condiciones para ser juez son equivalentes en cualquier lugar del mundo porque es igual el trabajo. Esto es lo importante que se conozca; cómo razona, cómo piensa, como vive un juez y le puedo asegurar que es absolutamente distinto de los que se publicita. Algunos jueces han tenido en alguna oportunidad el mal gusto de exhibirse ostentando bienes que a veces eran ajenos o propios.
Cada consejero juez llevará adelante en el consejo la forma de actuar nuestra, el razonamiento y la filosofía que encierra nuestra vida. Es una vida enredada como cualquier otra profesión ,con su parte positiva u otra que salen del ser humano.
Dju: ¿Cuáles son los planteos que la Asociación hizo a la comisión de acusación.
Madueño: La comisión de acusación elaboró en su momento un proyecto de reglamento de actuación, y fue consultada la Asociación de Magistrados en un acto que nosotros consideramos muy valioso. Que la comisión tuviera la opinión de la judicatura Argentina, y hay un tema particular que nos preocupaba que es su artículo séptimo. La comisión dispuso en ese proyecto, y después lo resolvió así, porque en ese sentido no tuvimos éxito, la posibilidad que pidiera a un juez el allanamiento, intercepción de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas de un juez investigado.
Nosotros consideramos que la única posibilidad sería la existencia de una causa penal, entonces ya es el juez de la causa penal que investigó un delito quien puede realizar este tipo de invasión de la intimidad del juez.
Esto está por la propia Constitución. El reglamento no es una ley y esto no solamente lo hemos dicho nosotros sino que lo han dicho autores de gran valía como Alberto Spota y Alberto Bianchi, constitucionalistas importantes, que así lo han entendido también.
El otro tema: entendemos que la comisión ha considerado nuestras posiciones y es permeable a un reexamen de ese pedido nuestro, de nuestra opinión , y están en marcha algunas reformas. Otro tema que también es delicado para los jueces en su función es que la comisión de acusación pueda convocar al juez para que de explicaciones sobre una causa abierta que tienen en sus manos, en casos de jueces penales en plena investigación. Consideramos que no es un buen precedente que el juez sea convocado para dar explicaciones coercitivamente o invitado, pero que de alguna manera implica un allanamiento a las facultades jurisdiccionales del juez. Lo hemos planteado y hemos encontrado buena predisposición y en ese sentido postulamos que el juez pueda conocer que hay una acusación en su contra y que inmediatamente que cobra cuerpo en la comisión de acusación tenga acceso a esa acusación que se le formule y que tenga oportunidad de aclarar esa situación pero voluntariamente, sin ser convocados a dar explicaciones en una causa que todavía no está abierta.
Si la comisión de acusación entiende que se ha cometido un delito, para eso están los jueces penales, para comunicar a un juez penal, y andar por las vías naturales, como en estos casos de allanamientos, porque corresponde solamente a los jueces penales.
El juez puede cometer prevaricato, y serán los tribunales de alzada los que corrijan y serán esos tribunales de alzada los que decidan el pedido del juicio político por mal desempeño, por los canales que nosotros consideramos naturales.