Un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de trabajo señala que hubo un 18% más de juicios por accidentes de trabajo que en el mismo período del año anterior. La Capital y la Provincia de Buenos Aires tienen un crecimiento por encima del promedio nacional.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, UART, presentó un informe “de litigiosidad” en el que asegura que en los dos primeros meses del año judicial se iniciaron 21.000 nuevos juicios por accidentes de trabajo.
Según los datos de la cámara que nuclea a todas las ART, en febrero de este año se iniciaron 9747 juicios por accidentes de trabajo contra las aseguradoras, mientras que en marzo, la cifra trepó a 11.705. “De sostenerse esta tendencia, 2016 sumaría 122.628 nuevos casos, un 16% más que el año precedente”, explica.
El informe, elaborado a partir de las demandas ingresadas en 16 compañías que representan el 97% del mercado en términos de trabajadores cubiertos, indica que desde enero de 2002 hasta marzo 2016, se presentaron “más de 586.000 demandas judiciales” con fundamento en la Ley de Riesgos de Trabajo, lo que trae aparejado como consecuencia directa “de esta creciente conflictividad judicial” un aumento “considerable de gastos operativos y de cobertura”, que incide directamente en el costo laboral e impacta en la economía. Lo que, en palabras de la UART, pone en peligro “la sustentabilidad del sistema y sus beneficios para trabajadores y empleadores”.
“A 20 años del funcionamiento del sistema y con casi 10 millones de trabajadores cubiertos, la UART describe la situación actual como paradojal. Mientras los accidentes disminuyen sistemáticamente (68% los fallecidos, por ejemplo) y además se cubren cada vez más enfermedades y se pagan montos indemnizatorios más altos, la amenaza judicial contra las aseguradoras crece sin cesar”, explica el documento, al que tuvo acceso Diario Judicial.
En el informe se acompaña una serie de tablas estadísticas que dan cuenta de que, en todo el año 2003 se iniciaron 3012 demandas por accidentes de trabajo, la cifra, tres años después, se triplicó, y a lo largo de la década siguió incrementando exponencialmente, hasta llegar a 106.021 juicios de 2015.
Los datos brindados, además, sólo son correspondientes al número de juicios en el fuero del Trabajo, excluyendo de esa manera a los procesos que tramitan ante los jueces federales con competencia en las provincias o el fuero de la Seguridad Social, mediante el procedimiento de apelación de la Ley N° 24.557. Tampoco se incluyen las mediaciones o conciliaciones obligatorias previas a la interposición de la demanda, que según la UART se estiman en casi 94.000 para el año en curso.
El informe también brinda detalles de las jurisdicciones con mayor litigiosidad, con la Ciudad de Buenos Aires a la cabeza, y siempre con números ascendentes- el último año, de las 106.000 demandas, 44.000 correspondieron a esa jurisdicción – de juicios iniciados. En porcentaje, la Ciudad concentra el 44% de los casos y su crecimiento (25%) “está por encima del promedio total”, (que es 16%). La sigue de cerca la Provincia de Buenos Aires (que concentra el 16% de todas las demandas nacionales), con un crecimiento del 30% por encima de la media nacional.
Más atrás se ubica Santa Fe (una participación del 14,5% del total y presentando un aumento del 7% ) Córdoba y Mendoza, que siguen en la lista, son las únicas dos provincias que registran bajas. La primera evidencia una disminución del 3% respecto del año 2015 y tiene una participación del 11,4% del total. Mendoza tiene una baja del 9%, con una participacióndel 7,1% del total de los casos.
Ante ese panorama, la UART señala que existen soluciones al problema en tres escenario, uno paliativo, que es “difundir esta problemática de manera tal que cada actor, informado sobre la delicada situación, colabore en lo que a él respecta”. Una condición necesaria, la de “mantener el compromiso de las aseguradoras con la calidad de cobertura y la solvencia del sistema, para lo cual el financiamiento del mismo es clave”.
Y la tercera, que según la cámara es la solución de fondo, es la necesidad de que los Máximos Tribunales e incluso la Corte Suprema, “se expidan respecto de las cuestiones que presentan diferentes interpretaciones judiciales que, conjuntamente con la disparidad pericial, hoy son la principal causa de las demandas”. La UART incluso propone que se disponga en cada jurisdicción, de una regulación del quehacer pericial.