Luego del polémico fallo donde el juez penal de La Plata, Juan José Ruíz, condenó a cinco años de prisión a "Claudia", una travesti peruana y usó su condición de extranjera como agravante de la pena, varias entidades y el Cónsul de Perú se manifestaron en contra. Lo consideraron "xenófobo y transfóbico", y adelantaron que solicitarán jury para el juez.
Luego del fallo que condenó a "Claudia", la travesti peruana, a cinco años y tres meses de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por su condición de extranjera, su defensa, Josefina Rodrígo, expresó que apelarán la sentencia ya que la consideran discriminatoria. Sostuvo que la resolución que sostiene que "los jueces deben caerle con mayor peso de la ley a los extranjeros" es de contenido xenófobo.
El Cónsul de Perú en Argentina, Carlos Alberto Chocano Burga, dijo que confía en que la justicia argentina "se va a pronunciar y se va a corregir la sentencia". Asimismo, expresó que "el derecho internacional es claro en el tema de la igualdad, no hay que darle lugar a muchas interpretaciones".
"Yo como cónsul no puedo pronunciarme en contra de una sentencia judicial, pero lo que está sucediendo, los mensajes que estamos recibiendo dan cuenta de la dimensión de este caso", amplió Chocano Burga. También destacó que al Consulado le corresponde "velar porque los derechos de los ciudadanos se respeten", y por eso hay funcionarios asesorando a la condenada.
Por otra parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata pedirá que se inicie un juicio político al juez Ruíz y también lo denunciarán ante el INADI, afirmó la abogada Marta Vedio.
La Defensoría General de la Nación sostuvo que la sentencia "alerta el tratamiento judicial prejuicioso que asocia la nacionalidad, la prostitución y la identidad trans con la comisión de delitos". Asimismo, "se recuerda que los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de igualdad y no discriminación vedan las distinciones arbitrarias sobre la base de la nacionalidad y la identidad de género de las personas; obligaciones que alcanzan a todas las autoridades públicas, sean nacionales, provinciales o municipales".
El Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos informaron sobre su seria preocupación por el fallo discriminatorio. El OVG denunciará el fallo ante la Relatoría de personas Lgttbi de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se presentará como amicus en la causa penal.