La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó su Informe Anual 2015. El organismo constató y registró un total de 775 casos de torturas y 38 muertes bajo custodia, 19 de ellas violentas. “Confirma una tendencia que informa sobre la persistencia en el recurso a la violencia como estrategia privilegiada de gestión y control del orden interno”, remarcó el documento.
La Procuración Penitenciaria de la Nación publicó su Informe Anual 2015. El documento identifica las “principales problemáticas la violencia institucional, la producción de muertes bajo custodia, el aislamiento y la sobrepoblación, y las afectaciones en el acceso a diversos derechos económicos, sociales y culturales”.
En el marco de la presentación oficial, el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, explicó que “el principal objetivo es velar por los derechos humanos", y afirmó: "Asistimos a diferentes cárceles todas las semanas para registrar la situación del sistema carcelario".
Muerte, tortura y hacinamiento
Durante 2015, el organismo constató y registró un total de 775 casos de torturas. “Confirman una tendencia que informa sobre la persistencia en el recurso a la violencia como estrategia privilegiada de gestión y control del orden interno en las prisiones federales: 730 casos han sido registrados para el año 2013 y 823 para el año 2014”, precisó el documento.
Del total de los casos identificados, el 97 por ciento ocurrió en establecimientos penitenciarios y el resto tuvo lugar durante detenciones en la vía pública, en comisarías y durante la realización de traslados.
En cuanto a la distribución geográfica, más de la mitad de los episodios se produjeron en los complejos para varones adultos del Área Metropolitana de Buenos Aires y la Unidades Nº 6 de Rawson. Sobre este punto, el informe destacó “el notable aumento de hechos de violencia penitenciaria en el CPF III de Güemes y CPF CABA -ex U. 2 de V. Devoto-, que prácticamente duplicaron las cifras respecto del año 2014”.
En 2015, el organismo registró un significativo aumento de casos donde "las víctimas identifican a los enfermeros y médicos como sus agresores directos". El informe refirió que “sus incumbencias profesionales en relación con la protección de la salud y el cuidado de las personas provocan que su participación en episodios de tortura sea considerada de especial gravedad”.
Además se contabilizaron 38 muertes bajo custodia, 19 de ellas violentas. Ramiro Gual, responsable del Observatorio de cárceles Federales, sostuvo: “Nosotros investigamos todas las muertes porque en todas identificamos responsabilidades estatales desde el momento que se decide privar de la libertad a una persona”.
Según los últimos datos disponibles del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), que elabora anualmente la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, “la población privada de su libertad en Argentina al 31 de diciembre de 2014 era de 69.060 personas”.
“La sobrepoblación es un tema central y complejo. No es una cuestión sólo del sistema federal, en las provincias también sucede. Donde antes había una persona, hoy hay tres y, sin embargo, el lugar es el mismo”, señaló el Procurador Penitenciario.
Gran parte de la población carcelaria se concentra en los establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense, ya que se ubica “muy por encima del resto de las administraciones del país, habiendo alcanzado su cifra máxima en 2014 con 31.224 personas alojadas”. Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal también "incrementó su número a 10.424 reclusos”.
Frente a la grave situación carcelaria, Argentina no se encuentra entre los países con peores niveles de sobrepoblación en la región, ya que en países como Venezuela, Bolivia y Perú, la población encarcelada “duplica ampliamente la capacidad de alojamiento de sus cárceles”.