La decisión fue de la sala II de la Cámara Federal porteña, que avaló el procesamiento sin prisión preventiva y el embargo por 600 millones de pesos dictado en su contra por el juez federal Claudio Bonadio. "Existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA, sin perjuicio de lo cual -y pese a tener dicha potestad- no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio", advirtieron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun.