El mismo Rodríguez Saá explicó luego a los periodistas acreditados que ratificó sus dichos en un programa televisivo, donde había asegurado que “la diferencia entre el presupuesto elaborado” en su breve gestión el último verano y el finalmente aprobado, corresponde a los “fondos con que se financia la corrupción”.
Precisamente, estas declaraciones abrieron una causa penal por iniciativa de un particular, de apellido Santarelli, que recayó en el juzgado de Sergio Torres, quien decidió citar a Saá para que se explaye sobre sus dichos.
Acompañado por sus abogados Alberto Zuppi (ex ministro de Justicia durante su presidencia interina) y Pablo Jacoby –ambos representantes de Memoria Activa en el caso AMIA-, el precandidato estuvo alrededor de media hora en el despacho del juez Torres.
“Me citaron por aquellas declaraciones y ratifiqué todo lo dicho” indicó Saá. “La diferencia entre los gastos del presupuesto que presentamos nosotros y el actual son los fondos con que se financia la corrupción en la Argentina”, insistió, mientras Zuppi estimó que esa suma es “cinco mil millones” de pesos.
A pesar de la gravedad de la denuncia, fuentes en tribunales indicaron que la causa es, en rigor, una “denuncia genérica” en la que “no hay imputación contra alguna persona determinada”.