En las últimas horas, la Cámara Federal de Casación Penal se vio envuelta en un escándalo a raíz de la denuncia presentada por una secretaria, quien acusó al juez Carlos Gemignani de haber “ordenado su detención tras negarse a realizar una tarea administrativa”. El fiscal de la causa solicitó la intervención del Consejo de la Magistratura, mientras que la UEJN anunció que también denunciará al camarista.
A pocas horas de finalizar la Feria Judicial de invierno, la Cámara Federal de Casación Penal se vio envuelta en un escándalo a raíz de la denuncia presentada por una secretaria, quien acusó al juez Juan Carlos Gemignani -presidente interino del tribunal- de haber “ordenado su detención tras negarse a realizar una tarea administrativa”. Gemignani había denunciado a la empleada judicial por "presunto encubrimiento" en un sospechoso -según el juez- caso de "dádivas" de un alto funcionario público a la propia Cámara de Casación.
Según fuentes judiciales, el conflicto se originó cuando Gemignani le pidió a la secretaria María Amelia Expucci que “hiciera el inventario de unas cajas con documentación”, las cuales se encontraban en una sala de audiencias en la que debía llevarse a cabo una teleconferencia.
El juez explicó que “Expucci se negó a la realización del inventario, alegando para ello que debía esperarse a la presencia de otro camarista de feria”, lo que derivó en una denuncia “por violación de los deberes de funcionario público”. La secretaria permaneció detenida en la alcaldía durante casi una hora y media hasta que el juez federal Martínez De Giorgi ordenó su liberación.
Posteriormente, la funcionaria afectada formuló una denuncia penal ante la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional. Por su parte, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, se constituyó ante el titular del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, para informar lo sucedido.
En este contexto, el fiscal Juan Pedro Zoni solicitó desestimar la denuncia por “inexistencia de delito". El representante del Ministerio Público Fiscal expresó que “la negativa de la secretaria a realizar el inventario requerido, en modo alguno puede ser calificada como una conducta delictiva”, y agregó: “Este accionar carece de entidad como para lesionar algún bien jurídico tutelado en nuestro Código Penal”.
“Resulta claramente excesivo el reproche penal que se pretende sostener con la denuncia, ya que se advierte que los sucesos relatados se han generado en una simple cuestión de índole laboral que debería haberse resuelto, cuanto mucho, administrativamente”, señaló en su dictamen.
Asimismo, solicitó al juzgado que “se extraigan testimonios de las partes pertinentes a los fines ser remitidos al Consejo de la Magistratura de la Nación”, a los fines de “valorar el accionar del juez Juan Carlos Gemignani”.
Tras conocerse lo sucedido, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) manifestó que “el hecho es un claro y grave gesto de abuso de autoridad contra una afiliada” y así anunció que denunciará al camarista ante el Consejo de la Magistratura.
“Este escándalo que conmueve al edificio de Comodoro Py muestra como anida en la Justicia resabios de autoritarismo y violación de los Derechos Humanos que deben ser desterrados para bien de la Justicia Argentina”, afirmó la organización a través de un comunicado oficial.
Las cajas como eje de la polémica
En declaraciones a Radio Mitre, Carlos Gemignani explicó que "dentro de los bultos había televisores, computadoras y otros elementos de telecomunicaciones del plan Argentina Conectada del Ministerio de Planificación Federal", y relató que "las cajas no tenían identificación de inventario, como el resto de los muebles del Poder Judicial".
Sobre este punto, el magistrado calificó como "irregular" la ubicación de las cajas y así destacó que su contenido "era una especie de dádiva para los integrantes de la Cámara".
El fiscal resolvió desestimar la denuncia que el propio Gemignani había formulado en contra de la secretaria
El juez dijo que en declaraciones radiales qwue "durante la presidencia en el año 2015 que estuvo a cargo de la doctora Ana María Figueroa, la doctora Figueroa propuso recibir este plan porque había recibido una oferta de De Vido para que la Cámara lo recibiera".
Gemignani agregó que "se le aclaró que nosotros como funcionarios públicos no podemos recibir bienes ni de particulares ni de otra parte de la administración del Estado (...) La doctora Expucci trabaja para la doctora Figueroa", comentó, y advirtió que "las cajas eran una especie de dádiva para los integrantes de la Cámara".
Según dijo Gemignani también por TN, "la doctora me dijo que no iba a hacer el inventario y advertí que su negativa tenía una expresión de encubrimiento".