El proyecto de Ley de Extinción de Dominio de los Bienes provenientes de delitos será discutido esta semana en la Cámara Alta, al igual que la Ley del Arrepentido. Se convocaron a especialistas e instituciones para una audiencia pública. La opinión del juez Mariano Borinsky
Tras el receso invernal, el Congreso debatirá proyectos de Ley de importancia en materia penal, como lo son la Ley del Arrepentido y el Proyecto de Extinción de dominio y repatriación de bienes a favor del Estado argentino, ambos con media sanción por parte de la Cámara de Diputados.
Este último, que llega a Diputados con varias modificaciones de su texto original, estipula como “consecuencia jurídico patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna”, y procederá “sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, de crédito” establecido en la Ley.
Desde el Senado informan que la discusión de los proyectos se llevará a cabo los próximos 2,3 y 4 de agosto en el ámbito de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico, y que participarán del debate funcionarios del Poder Ejecutivo, como el ministro de Justicia Germán Garavano, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la directora de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso.
También darán presente magistrados y ex magistrados, como el fiscal General Ricardo Sáenz, el juez de Casación Federal Pedro David, el ex procurador General de la Nación Esteban Righi, el ex ministro de Justicia bonaerense y camaristas de juicio a las juntas León Arslanián y su colega en ese Tribunal, Ricardo Gil Lavedra, quien además es coordinador general del Programa para la Reforma Judicial Justicia 2020, llevado adelante por la cartera que dirige Garavano. Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal también dará el presente.
El juez Mariano Borinsky, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, sostiene que se discute en el Congreso Nacional “la manera de fortalecer la idea que para evitar la impunidad en materia penal no sólo es necesario la condena a pena de prision de las personas físicas que cometieron delitos, también se discute la necesidad de sancionar a las empresas/sociedades públicas o privadas, responsables de los ilícitos”.
Para el camarista con esto también se procura “la recuperación de activos mal habidos, es decir, la necesidad que vuelva al Estado en forma definitiva los activos, dinero, que sea el producto de delitos contra la administración pública, lavado de dinero, delitos económicos, entre otros”.
Borinsky, quien también es profesor Universitario en la UBA, UTDT y la Universidad Austral y autor de las obras Fraude Fiscal, Derecho Penal Económico y de la Empresa, Régimen Penal Tributario; Gestión Judicial Pública, explica que la extinción de dominio “es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita”, y como tal, “es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países. Por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal”.
“Las actividades ilícitas, en especial las manifestaciones de criminalidad organizada, afectan gravemente los derechos fundamentales y constituyen una amenaza para el desarrollo sostenible y la convivencia pacífica. Por lo tanto, existe la imperiosa necesidad de fortalecer la lucha contra la delincuencia, a través de un mecanismo legal que permita al Estado proceder sobre los bienes”, opina el camarista.
Para el magistrado, quien cumple funciones en la Sala IV del Máximo Tribunal Penal, y subroga las Salas I y III, la extinción de dominio “constituye una vía legal autónomo e independiente de cualquier otro proceso, dirigido a eliminar el poder y la capacidad de la delincuencia. Es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna”.