El ex vicepresidente fue procesado por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, por el juez federal Sergio Torres. Se trata de una investigación iniciada a raíz de un expediente del Ministerio de Economía - en ese momento dirigido por Amado Boudou- donde se autorizó a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial, "a efectuar las gestiones tendentes a lograr la adquisición de una partida vehicular innecesaria, mediante subasta privada direccionada en favor de la empresa “GUIDO GUIDI SA”, por una suma de $ 2.301.227,25, pero eque finalmente se concretó por la suma de $ 2.131.400. Ello "sorteando la modalidad de contratación correspondiente al caso y habilitando a tales fines los mecanismos económicos y de procedimiento necesarios para efectivizar la compra, que a la postre, conllevaba el pago por montos abultados o desventajosos para el Estado". La resolución de Torres sintetizó la maniobra de la siguiente manera: "fondos públicos que debían ser destinados por el titular del Ministerio de Economía a las múltiples necesidades que ya para el 2009 compelían al Estado Nacional, fueron dirigidos a una antojadiza y por
tanto infundada adquisición de parque automotor, nada menos que de una empresa “afín” a la cabeza de dicha cartera".