La Cámara del Crimen analizó un planteo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y así resolvió que la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Claudia Rodríguez Vidal se haga cargo de la causa donde se estudia la constitucionalidad del protocolo del Ministerio de Seguridad que "posibilita las requisas personales sin orden judicial". Dicho protocolo establece que "las fuerzas de seguridad puedan interceptar, pedir documentos y revisar las pertenencias de cualquier ciudadano sin la orden de un juez". Los jueces explicaron que “el análisis de la reglamentación objetada, que regula hipótesis en las que las fuerzas de seguridad podrían requisar sin orden judicial, se vincula con posibles amenazas a la libertad ambulatoria y, en consecuencia, con principios de naturaleza penal y procesal penal", y añadieron: "Se objeta un acto concreto de la administración nacional que afectaría derechos consagrados en la Carta Magna y en instrumentos internacionales que, tal como el presentante señala, no se limitan a la libertad ambulatoria".