A la hora de discriminar de que forma se financiará el ejercicio 2003 los ministros de justicia expresaron que 412.972.316 pesos saldrán de los “Recursos originados en el 3, 5 por ciento de coparticipación más los conceptos No tributarios”, 110.000.000 provendrán de los “Recursos por Tasa de Justicia y otros con afectación específica” y los 499.503.559 restantes serán los “Aportes del Tesoro Nacional”.
En el texto de la acordada los jueces manifestaron que “es necesario profundizar los criterios de austeridad” que el tribunal se impuso en los anteriores ejercicios a raíz de “las dificultades económico financieras por las que atraviesa el país”.
En ese sentido, reflexionaron que de igual modo debe “estar garantizado el accionar de la justicia impidiendo que la falta de recursos pueda profundizar el actual estado de carencias afectando el sistema de justicia”.
También, manifestaron que durante el último tiempo se ha profundizado la necesidad de minimizar los gastos y que por esto se tuvo que recurrir a “acciones tendientes a aprovechar de la mejor manera los escasos recursos humanos y materiales” con el fin de lograr la mayor eficacia en la asignación presupuestaria fijada para esta jurisdicción.
Además, recordaron que con fecha 17 de julio de 2002 el Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó por medio de la resolución 159/02 el presupuesto en donde fueron fijadas “las necesidades físicas, cuantificadas en términos financieros”.
Asimismo, los ministros Julio Nazareno, Eduardo Moline O´Connor, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, Antonio Boggiano, Guillermo López, con la disidencia de Adolfo Vázquez, recordaron que “la tendencia creciente de la sociedad en la demanda del servicio de justicia requiere asignaciones adecuadas para garantizar la actividad jurisdiccional” y sobre esta última expresaron que es un “deber del Estado Nacional”.
Ahora el presupuesto fijado por los ministros de la Corte Suprema será elevado al Congreso de la Nación.