El STJ de Tucumán ele dió un plazo de 30 días a la gobernación provincial para que dé soluciones a las malas condiciones las prisiones provinciales. Entre otras cosas, le exigió que asegure cuatro comidas diarias y controles médicos.
En los autos “Fiscal de Instrucción IVª Nominación y Fiscal de Instrucción VIIIª Nominación s/ Hábeas corpus correctivo”, los fiscales provinciales Diego López Ávila y Adriana Giannoni interpusieron una acción de habeas corpus a favor de las personas privadas de su libertad, alojadas en dependencias policiales, y del personal policial que los custodia por graves violaciones a normativa con rango constitucional en la condiciones de alojamiento y detención.
Los integrantes de la Corte, a raíz de varias visitas a las dependencias policiales, verificaron graves déficits en materia estructural: redes eléctricas inadecuadas y anticuadas, insuficientes sistemas de ventilación y penosas condiciones sanitarias en particular de baños y duchas, entre otras. Tampoco cumplen con los requisitos exigidos por el sistema penitenciario establecido en la norma: permanecen detenidos las 24 hs. del día salvo 2 horas a la semana y si son visitados por sus familias, no brindan un servicio de comidas regulado por el sistema penitenciario, no tienen la posibilidad material de ingresar a ningún programa de educación, laboral u ofrecer un servicio de asistencia médica periódica.
Teniendo en cuenta esas condiciones, los magistrados expresaron que "en su cotidianeidad, los detenidos procesados son alojados en un sistema de aislamiento colectivo prolongado y quedan a merced de un ominoso sistema de provisión de alimentos y contacto familiar o días de visitas y esquemas de control y/o sancionatorios dispuestos arbitrariamente por la autoridad policial".
En ese sentido, la persistente situación demuestra un incumplimiento de los deberes del Estado, ya que "una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de procurar a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención".
Los ministros del Máximo Tribunal resaltaron que el esquema de abandono que sufrió el servicio penitenciario de Tucumán es de larga data y la discusión no se reduce simplemente a la generación de plazas, sino a las formas, criterios y plazos en la aplicación de medidas excepcionales como es la prisión preventiva y tanto la adecuada progresividad en el tratamiento de las personas condenadas como a las medidas alternativas a la privación de libertad, y "un Estado tiene que hace uso del sistema punitivo debe poder generar las condiciones para materializar las medidas de castigo penal sin afectar más allá de lo estrictamente necesario los derechos de la persona sancionada".
Por todo lo expuesto, los jueces resolvieron emplazar al Poder Ejecutivo para que, en un plazo de 30 días corridos presente: un plan integral para contener a la totalidad de la población penitenciaria actual y la proyectada a 2019 de toda la provincia; .el plan de contratación de aquellos agentes penitenciarios que sean necesarios para dar una respuesta adecuada a la actual población carcelaria; brinde cotidianamente un servicio de cuatro comidas a cada uno de los detenidos procesados en las comisarías e informe a los detenidos que tienen derecho a recibir comida.