El pedido fue presentado por el letrado Jorge Steverlynck y en la misma solicitó una medida cautelar para que se deje sin efecto la convocatoria a elecciones previstas para marzo hasta tanto la justicia no se apreste a dictar sentencia definitiva sobre “el fondo de la cuestión”.
El letrado basó su presentación en el hecho de que Duhalde fue designado por la Asamblea Legislativa para que complete el mandato trunco de Fernando de La Rúa hasta el 10 de diciembre del 2003, y el llamado a elecciones generaría que no se respete esa decisión.
En ese sentido, expresó que “un simple decreto no puede modificar y violar una decisión de la Asamblea Legislativa” y remarcó que esa hecho genera que la norma PEN sea “absolutamente inconstitucional".
En referencia a la norma, el abogado calificó a la misma de “renuncia con fecha programada” a la función que le fuera encomendada a Duhalde para que reemplace al destituido presidente De la Rúa, quien dimitió a su cargo el 20 de diciembre a causa de la crisis social que se desató en el país.
A su vez, recalcó que es inconstitucional el llamado las elecciones nacionales para elegir presidente y vice que asumirá el 25 de mayo de 2003 ya que el mandato debería culminar el 10 de diciembre.
El letrado no es el único en el mundo de la política que piensa que Duhalde fue designado por una Asamblea Legislativa para completar el mandato de De la Rúa y que no estaba facultado para llamar a elecciones. De todos modos una resolución en contrario por parte de la Justicia caería como un balde de agua fría en la dirigencia que, a pesar de los encontronazos que provocaron las interna y las deserciones de las corrientes de Zamora y Carrió, ya está lanzada a la carrera electoral.