Caram realizó la presentación en contra del denominado “tarifazo” junto con los presidentes de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Parlamento de la Ciudad, Jorge Casabé, y de la Asociación Acción del Consumidor (ADELCO), Ana María Luro.
En el texto de más de cuarenta carrillas, los amparistas afirmaron que los motivó a realizar la presentación “una serie de actos arbitrarios que se vienen sucediendo en los últimos días, tendientes a aumentar el cuadro tarifario de los servicios públicos, impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional y varias empresas prestadoras de servicios públicos privatizados”.
Además, expresaron que tales acciones “resultan lesivas de los constitucionales derechos y garantías de propiedad, de igualdad ante la ley, de razonabilidad, del debido proceso adjetivo” como así también de los derechos del “consumidor y usuarios de bienes y servicios públicos”.
En carácter de medida cautelar los reclamantes solicitaron a la justicia que prohiba “innovar en la situación de hecho y derecho existente a la fecha respecto del valor de las tarifas de ‘todos’ los servicios públicos”.
Respecto del proceso de privatizaciones, mencionaron que el mismo iniciado a comienzos de los años noventa es anterior a la Reforma Constitucional del año 1994, y manifestaron que tal hecho generó que el sistema notoriamente refractario a la recepción de los nuevos derechos de incidencia colectiva, “habilite a provocar brutales arbitrariedades” como el aumento de las tarifas.
Para los reclamantes, tras obtener “desproporcionadas utilidades”, las “privatizadas” vuelven a la carga una vez más por mayores ganancias, como “si la terrible acumulación no pudiera absorber algún incremento en el costo”.
Además, reflexionaron que los usuarios de servicios públicos, a medida que trasncurre el tiempo, se ven “cada día mas perjudicados en su relación con las empresas prestatarias”, lo cual opinaron acrecienta el peligro en “la demora”.
Según los amparistas, las empresas, en su mayoría, aducen que es inviable prestar el servicio sin una adecuación, y por ende incremento, de las tarifas; invocan sus obligaciones contraidas en el exterior en dólares y mientras continúan negociando con el PEN. Los denunciantes enfatizaron en cambio que “son los usuarios los que sufren la disminución de la calidad de las prestaciones”.
En tanto, remarcaron que “por primera vez después de una larga década neoconservadora, llegó el momento de desarticular los privilegios y garantizar la seguridad jurídica de los usuarios y consumidores”.
Entre esos privilegios recordaron, el no cumplimiento de las metas de expansión o de universalización de los servicios, los incumplimientos en cuanto a la transferencia a tarifas (tal como lo dispone la normativa) de buena parte de las reducciones impositivas, “sacrificio fiscal” que terminó por engrosar sus muy elevadas tasas de rentabilidad, y la prórroga de los plazos de concesión entre otros.
Por su parte los diputados, informaron que podrán a disposición de todos los ciudadanos un cuerpo de asesores y abogados para que quines deseen sumarse a la presentación de amparos puedan hacerlo, con sólo presentarse al Palacio Legislativo Ubicado en Perú 160, oficina 15 de 10 a 16 horas.