El Poder Ejecutivo bonaerense enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley para reformar el Código de Procedimiento Penal y la figura se aplique a todos los delitos cometidos por bandas y organizaciones en la Provincia.
La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, adelantó que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para reformar el Código de Procedimiento Penal y la figura se aplique a todos los delitos cometidos por bandas y organizaciones en territorio bonaerense.
El proyecto, que será enviado al comienzo de las sesiones ordinarias, incluye la posibilidad de que fiscales y jueces realicen acuerdos para morigerar penas o, directamente, para archivar las causas en los casos en que los imputados accedan a brindar información sobre los delitos investigados.
En uno de sus artículos establece que "cuando en el marco de investigaciones complejas o que tengan por objeto organizaciones o estructuras criminales, existan motivos fundados para concluir que la declaración de un imputado será una prueba esencial para asegurar el esclarecimiento del hecho o el éxito de la pesquisa respecto de otros autores, coautores, partícipes o encubridores que resulten más relevantes, y aquél se comprometa a aportar datos o indicaciones conducentes al efecto, el fiscal podrá proceder al archivo de la causa a su respecto".
El Subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, expresó que el proyecto "busca complementar la ley nacional que aprobó el Congreso en noviembre pasado, regulando cuestiones que sirven para volver operativa la figura del arrepentido".
"Aquí damos la posibilidad de que cuando el imputado arrepentido cometió un delito muy leve o tiene una participación muy pequeña en la organización, le corresponda una condena de ejecución condicional. Es decir, de tres o menos años de prisión y no va preso. En esos casos, el fiscal puede hacer un acuerdo de colaboración, archivarle la causa y que quede libre, por lo que el arrepentido asume la obligación de declarar como testigo", agregó el funcionario.
El proyecto determina que el imputado beneficiado por ese archivo "quedará obligado a prestar declaración como testigo", en la que deberá "aportar datos que revelen la identidad de otros autores, coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados u otros conexos, y que permitan un significativo avance de la investigación".