La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas durante el terrorismo de Estado solicitó a la Corte Suprema de Justicia la conservación de expedientes de juzgados nacionales de instrucción de la Capital Federal que estaban destinados a ser destruidos. De este modo, los organismos argumentaron "su potencial relevancia para la investigación de crímenes de lesa humanidad", y pidieron que la medida se haga "extensiva a todas las causas archivadas que se correspondan con el período del terrorismo de Estado". Así, se remitió un oficio al presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, en el que le sugirió el dictado de una acordada que "no sólo disponga la prohibición de destrucción sino también la invitación a los tribunales superiores de cada provincia para que adopten medidas similares". Los pedidos indicaron que "deben preservarse las causas que abarquen el período del terrorismo de Estado", y para casos de apropiación de niños y niñas, el período relevante es el "comprendido entre 1974 y 1983, mientras que para el resto de los casos, al menos desde 1972".