La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró que el Ministerio Público Fiscal no pagó ninguna comisión a una inmobiliaria para la compra de un edificio. Lo hizo al defenderse de una acusación en su contra por la compra del edificio de la calle Perón 667 de esta capital, sede de la Procuración, operación en la que según una denuncia periodística se habría pagado una millonaria comisión al ex marido de Gils Carbó. Según la denuncia, impulsada en la Justicia por el fiscal Carlos Rívolo, la operación se había realizado a través de una inmobiliaria supuestamente vinculada con Héctor Alonso, ex marido de la funcionaria. Pero la procuradora replicó, según informaron hoy fuentes judiciales, que "el precio que efectivamente fue abonado por el Ministerio Público Fiscal es el correspondiente al valor del inmueble, libre de comisión inmobiliaria". "De haber sido abonada lo fue por su comitente, sin que ello generara erogación alguna para el fisco", es decir que si hubo comisión debió haberla pagado la parte vendedora y no la Procuración. Además, Gils Carbó -cuya defensa está a cargo del abogado Alejandro Rúa- explicó que se comunicó con su ex marido, con quien mantendría una relación tensa y distante, para establecer si estaba relacionado con la inmobiliaria que intervino en la operación.