La Justicia declaró “abstracto” resolver sobre un amparo presentado por la legisladora Victoria Donda, que buscaba se supenda el trámite del concurso preventivo del Correo Argentino hasta que dictamine la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Fue porque el propio Ministerio de Comunicaciones pidió la suspensión de los plazos por 120 días por aplicación del decreto de “conflicto de intereses”.
El expediente en el que tramita el concurso preventivo del Correo Argentino suscitó el interés de la sociedad luego de darse a conocer el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín en donde denunciaba que el acuerdo entre el Estado Nacional y el Grupo Macri, que detentaba la concesión del servicio antes de ser estatizado, era “abusivo” y perjudicaba las arcas del Estado Nacional.
Ante esa situación, y en vistas a que para el último 16 de marzo estaba prevista una nueva audiencia en el marco del expediente “Correo Argentino SA s/ concurso preventivo”, que tramita ante el Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Comercial nº 6, la legisladora Victoria Donda (Libres del Sur) presentó un amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
La legisladora, actora en autos “Donda Perez, Victoria Analía c/ EN – M Comunicaciones s/ amparo ley 16.986”solicitó que se ordenara al Ministerio de Comunicaciones de la Nación que solicite la suspensión de la causa “hasta tanto se expidan la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción”.
Existió un conflicto negativo de competencia entre los fueros Comercial y Contencioso Administrativo Federal, que no fue zanjado ante la Cámara de Apelaciones del segundo de debido a que el propio Ministerio le pidió a la Cámara Comercial decidió suspender los plazos procesales del expediente.
La cartera comandada por Jorge Aguad solicitó directamente la suspensión “a los efectos de cumplir con el nuevo procedimiento para casos en que pudieren existir conflictos de interés, el que contempla, entre otras medidas, la previa intervención de la Oficina Anticorrupción, de la Sindicatura General de la Nación y de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Honorable Congreso de la Nación”.
Se trata del nuevo Decreto 201/2017, suscripto por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que establece “un procedimiento especial para los casos en que pudiera existir un conflicto de interés o vinculación entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo que suscite dudas sobre la debida gestión de los intereses del Estado”.
Debido a ello, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Jorge Morán y Marcelo Duffy, declaró “inoficioso” resolver la disputa puesta que la cuestión devino en “abstracta” por “haberse sustancialmente cumplido la pretensión fuera del proceso y antes de la notificación de la demanda”.