A partir de la reforma procesal de Río Negro, la procuradora general, Silvia Baquero, modificó la estructura del Ministerio Público y podrá nombrar a funcionarios judiciales sin la necesidad de pasar por el Consejo de la Magistratura provinail, que ya denunció exceso de funciones.
Silvia Baquero Lazcano, procuradora de la provincia de Río Negro, aprovechó la reforma procesal para modificar la estructura del Ministerio Público y podrá designar cargos sin la necesidad de pasar por el Consejo de la Magistratura.
Puntualmente, Baquero dictó una resolución de reformulación del ministerio, creando el cargo de “asistentes letrados” para “asistir a los fiscales”, con rango de secretario de juzgado, con un sueldo cercano a los 70.000 pesos, y quienes ocupen estos nuevos puestos podrán ser nombrados sin el aval del Consejo.
Por su parte, los miembros del Consejo de la Magistratura provincial se mostraron en contra de la reforma y acusaron a la Procuradora de un "exceso en sus funciones", ya que los secretarios siempre fueron nombrados por ellos.
La titular del Ministerio Público justificó la medida en el “cúmulo del trabajo, necesidad de maximizar la calidad y la celeridad en los procesos. Las principales funciones de los asistentes letrados serán "asistir a los fiscales brindando apoyo técnico y operativo en el lugar del hecho, pedir informes y documentación a todo tipo de organismos, efectuar las diligencias” y “toda otra cuestión requerida por el fiscal”.
Según el organigrama presentado por la Procuración, se preve que ingresen 23 asistentes en cada una de las ciudades más importantes, como Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti, y siete para las fiscalías en Regina, Choele Choel y San Antonio, y dos para las descentralizadas de Río Colorado, Allen, El Bolsón, Jacobacci, Cinco Saltos, Catriel y Sierra Grande. En total ingresarán al Poder Judicial cerca de 130 nuevos empleados.
Dentro de la reforma planteada por Baquero también se incorporó la figura de “profesionales especializados”, cuya rango será el equivalente a un jefe de Despacho, de remuneraciones por encima de los 50.000 pesos. Estos “serán asignados a las Oficina de Atención a la Víctima” para asistir a los damnificados y, “eventualmente, su patrocinio si decide constituirse en querellante, siempre que por su situación de vulnerabilidad corresponda la asistencia de la defensa pública”.