El Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (27.372), que asegura la representación jurídica a las víctimas de delitos y crea la figura del defensor público. De este modo, cada provincia contará con un defensor que deberá asesorar a los afectados por un delito o a sus herederos sin cargo. También reconoce a las víctimas sus derechos a la asistencia, protección, acceso a la justicia y celeridad, quienes "deben recibir un trato digno y respetuoso, podrán requerir medidas de protección, intervenir como querellantes, aportar información, exigir un resarcimiento y podrán solicitar medidas de coerción".