El Juzgado Federal de Santa Rosa elevó a juicio de tres personas, en el marco de una causa donde se investiga una red que explotaba mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo ubicado en la localidad de General Acha. Entre los imputados se encuentra el juez municipal de faltas Sebastián Andrés Sancho, quien está acusado por el presunto delito de violación de los deberes de funcionario público, luego de haber levantado la clausura del prostíbulo dispuesta por la Justicia federal. Las otras dos personas que llegarán a la instancia de debate oral y público son la dueña del prostíbulo, Marta Arminda Silva y su hijo, Carlos Raúl Silva, quienes deberán responder por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. De este modo, el fiscal federal indicó que Sancho “violó abiertamente sus deberes de funcionario público, contrariando-sin justificación alguna que amerite su proceder- frente a la expresa disposición de la Sra. Fiscal federal con relación a la clausura del local”. "El imputado actuó dentro de su esfera de autoridad, ahora bien esa actuación resultó abusiva, ya que al dictar una resolución carente de todo tipo de fundamentación por la que levantó una clausura en tiempo récord, sin el mínimo recaudo legal y que había sido ordenada por una funcionaria judicial en el marco de sus atribuciones y en una causa donde se había acreditado prima facie la ocurrencia de graves delitos (...)", señaló el auto de elevación a juicio.