Diferentes organizaciones sociales se unieron para mostrar preocupación por la reforma que busca prohibir la probation para los casos de violencia de género. La opinión de los especialistas.
Varias organizaciones sociales unieron sus voces para protestar en contra de un proyecto de reforma penal que avanza en el Congreso y busca prohibir la suspensión del proceso a prueba (probation) para los casos de violencia de género.
Puntualmente, la suspensión del proceso a prueba es una salida alternativa al juicio oral que reemplaza el juicio por un conjunto de medidas para casos en los que si hubiera una condena, la misma no superaría los 3 años de privación de libertad y/o en suspenso. Asimismo, la medida no se aplica para femicidios o violación.
Desde dichas organizaciones, como INECIP, CELS y Red de Mujeres, destacaron que "la probation, bien implementada y debidamente supervisada ofrece la posibilidad de reparar el daño que se ha producido".
Añadieron que esta iniciativa muestra como el Estado "no trata como sujetos de derecho a las víctimas de violencia de género sino que las usa como excusa para aumentar el castigo penal y que un uso responsable de la probation permitiría revisar la cultura patriarcal de la que el castigo punitivo es parte".
Guillermo Nicora, miembro de la junta directiva de INECIP, dialogó en exclusiva con Diario Judicial y expresó que el proyecto de reforma responde a una "demagogia punitiva", donde se busca callar los reclamos graves que existen en la sociedad a través de más cárcel y otras respuestas que "no dan soluciones sino que aparentan falsas soluciones".
Nicora destacó que la reforma, además de ser ineficiente, es inconstitucional y defendió la probation para delitos no graves "porque es la mejor manera de dar una respuesta a la víctima", ya que permite un acuerdo donde, por ejemplo, se puede someter al agresor a un programa adecuado y mantenerlo controlado.
"Hoy sabemos que para la violencia de género la respuesta no es la violencia carcelaria", destacó el abogado.
Miembros de las organizaciones resaltaron que "ni aquí y en ningún lugar del mundo pueda llevar a juicio eficazmente todos los casos que se presentan. El impulso obligado de todos los casos hasta el juicio oral, cubre ineficacias porque total si el juicio fracasa nadie responde por ello e implicará el desistimiento de la voluntad de denunciar por temor a no poder resolver el conflicto de otra forma, aumentando los riesgos y los prejuicios frente a la violencia de género".
Por último, afirmaron que la reforma que trata el Congreso es "una reforma inconsulta, que no considera el impacto de la medida, no refleja análisis de datos ni evidencias, por lo tanto, es más de lo mismo, demagogia punitiva".