En una desesperada resolución, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán le pidieron al Poder Ejecutivo de la provincia que acelere el proceso de designación de jueces.
Mediante una resolución, los integrantes del Máximo Tribunal tucumano, Antonio Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse, le pidieron al Poder Ejecutivo que acelere el proceso de designación de jueces para normalizar el servicio de justicia.
“La situación institucional del Poder Judicial se ve afectada por la falta de nombramiento de magistrados en la Capital, Concepción y Monteros porque ello implica la prolongación del trámite y de la resolución de los procesos con evidente perjuicio para los ciudadanos y abogados litigantes”, expresaron los jueces.
La Acordada 1.214/17 fue enviada a la Casa de Gobierno pero aún no obtuvieron una respuesta oficial por parte del gobernador, Luis Manzur.
El conflicto sobre la falta de nombramientos de magistrados en Tucumán no es nuevo.
Por su parte, Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad expresó que el Gobierno cumple con la ley y que "esta no establece tiempos. El gobernador debe designar cuando le parezca y a quien le parezca. Dije que a finales de mes iba a haber novedades y todavía falta. Se va a tener en cuenta el pedido de la Corte y de los abogados”.
El conflicto sobre la falta de nombramientos de magistrados en Tucumán no es nuevo sino que se arrastra desde la asunción de Manzur. En su momento, el Colegio de Abogados le pidió a la Corte Suprema que se pronuncie sobre el tema para intentar normalizar el servicio de los Tribunales.
El 40% de los juzgados de Instrucción de la Capital están acéfalos.
En la provincia todavía no se reglamentó la aprobada Ley de Subrogancias, por lo que jueces, fiscales y defensores oficiales en ejercicio trabajan en los despachos vacantes a cambio de un plus salarial.
El fuero penal de la Capital es el más afectado por esta situación ya que, según las estadísticas, el 40% de los juzgados de Instrucción están acéfalos. Uno de ellos, incluso, desde al año 2012.
“Esta Corte es respetuosa y celosa de la independencia de las funciones del Estado, pero cabe recordar al Poder Ejecutivo que nuestra Constitución Nacional (artículo 5) tiene establecido como condición prioritaria asegurar la administración de justicia”, resaltaron los miembros de la corte en la resolución y agregaron que “este mandato debe inexorablemente ser cumplido, más aún dentro de un sistema de regularidad institucional como el actual”.
“Por ello, solicitamos al Poder Ejecutivo que, en ejercicio de las atribuciones constitucionales que le competen, adopte las medidas necesarias para la urgente cobertura de las vacantes de magistrados provinciales”, sostuvieron.