El Ministerio de Seguridad dispuso que los gastos que demanden las investigaciones en las causas por delitos complejos deberán ser contemplados "al momento de la determinación de las costas del proceso". El Estado busca recuperar el dinero utilizado en el esclarecimiento de hechos criminales.
Los gastos que demanden las investigaciones en las causas por delitos complejos deberán ser contemplados "al momento de la determinación de las costas del proceso". Así lo dispuso el Ministerio de Seguridad mediante la resolución 49-E/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial.
El texto instruye a la Policía Federal, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval, para que informen a la autoridad judicial competente los gastos incurridos en la realización de tareas encomendadas en las causas por delitos complejos, a los efectos de que "sean contemplados al momento de la determinación de las costas del proceso".
Según el texto de la medida, la organización y metodología en los delitos complejos “torna sumamente compleja la dilucidación de los autores materiales y la determinación de la responsabilidad de cada uno, pone en evidencia la necesidad de aplicar cuantiosos recursos para su esclarecimiento”.
“Conveniente que esos recursos ingresen al Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el esclarecimiento de hechos criminales”, advirtió la resolución que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, y lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Ahora, los gastos de los procedimientos deberán ser "contemplados al momento de la determinación de las costas del proceso", conforme lo prescripto en el artículo 533 inciso 3 del Código Procesal Penal de la Nación.
En los argumentos, la cartera de Seguridad señaló que “corresponde a las fuerzas federales y de seguridad, recuperar los gastos efectuados por las diferentes tareas de investigación o periciales, sean estas ordenadas por los órganos judiciales u obedezcan a tareas preliminares”.
La medida busca “poner en equilibrio presupuestario a las tareas de policía judicial como a las de policía de prevención”, con el argumento de que “el aumento de la asignación de recursos para una, afecta directa y proporcionalmente a la otra”.
Ahora, los gastos de los procedimientos deberán ser "contemplados al momento de la determinación de las costas del proceso", conforme lo prescripto en el artículo 533 inciso 3 del Código Procesal Penal de la Nación.