La Procuración General de la Nación instó a los fiscales a que se opongan a la aplicación retroactiva de la ley de Reforma Tributaria en cuanto a los aumentos que marcan el límite a la punibilidad de los delitos tributarios y de contrabando.
Eduardo Casal, Procurador interino, emitió una resolución donde instó a los fiscales a que se opongan a la aplicación retroactiva de la ley de Reforma Tributaria en cuanto a los aumentos que marcan el límite a la punibilidad de los delitos tributarios y de contrabando.
La ley 27.430, que fue sancionada por el Congreso el 27 de diciembre de 2017 y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el día siguiente, ajustó los montos a partir de los cuales el contrabando o su tentativa deben ser considerados delitos con el objetivo de compensar la devaluación sufrida por la moneda nacional durante el período de vigencia del anterior código derogado.
A partir de allí, frente a la posibilidad de que los imputados por delitos cometidos con anterioridad a la vigencia de la nueva ley y demandaran la aplicación retroactiva de la ley que les resultaría más beneficiosa, la procuración dictó una resolución para evitar su aplicación.
Casal explicó que a partir del dictado de dicha resolución efectuó más de 500 presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero desde el Máximo Tribunal ordenaron dejar sin efecto lo acordado y se dispuso que cada juez debía juzgar cada caso según "su saber y su entender".
Debido a todas las confusiones que acarreó la nueva normativa, la Procuración resolvió que, desde ahora, todos los fiscales tienen la obligación de impugnar los pronunciamientos judiciales que sostengan una postura contraria a la del organismo, en materia de la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna.