La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la provincia se reunió con especialistas en el tema y el proyecto avanza a convertirse en ley.
En junio del año pasado el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia, a cargo de Ricardo Silberstein, envió a la Legislatura el proyecto de juicio por jurados con la intención de aplicarlo en la provincia.
El proyecto, que entró por la Cámara de Diputado, debe lograr dictamen en las Comisiones de Presupuesto y la de Asuntos Constitucionales, logró en los últimos días un paso importante y todo indica que logrará convertirse en ley.
Los miembros de la Comisión de Presupuesto se reunieron con varios especialistas de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) para escuchar las experiencias y analizar su aplicación en el territorio santafesino.
Lo que más llamó la atención de los legisladores fueron los estudios que demuestran que la implementación del jurado costará sólo el 0,06% del presupuesto actual del Poder Judicial. De esa manera, se derribó el mito que los jurados son caros cuando, sobre todo, en el país solo se aplica a los delitos graves.
A eso se suma la ventaja que la provincia tiene al haber modernizado todas sus salas de audiencias, sus equipos informáticos y su organización judicial en favor de una plena oralidad.
Los miembros de la Comisión de Presupuesto se reunieron con varios especialistas de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) para escuchar las experiencias y analizar su aplicación en el territorio santafesino.
Actualmente existen varios proyectos de ley que están siendo estudiados y los miembros de la Comisión prometieron unificarlos y darle dictamen para que pase a Asuntos Constitucionales.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo es similar a la que se aplica en el resto de las provincias donde ya funciona esta modalidad y establece que para ser miembro de un jurado hay que ser argentino nativo o naturalizado y tener entre 21 y 75 años de edad.
No podrán ejercer esta carga pública los funcionarios, los miembros de fuerzas de seguridad ni los abogados, entre otros.